Editorial
Extorsiones telefónicas: prevenir y regular
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), la campaña contra extorsiones telefónicas, que el Gobierno del Distrito Federal lleva a cabo desde diciembre de 2007 de manera conjunta con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, ha arrojado resultados positivos en la prevención de ese delito: durante los últimos tres meses las autoridades han recibido más de 30 mil denuncias, se han impedido 17 mil 785 extorsiones y, para principios de marzo, según datos de las autoridades, se había evitado entregar a la delincuencia un monto superior a 56 millones de pesos. Al mismo tiempo, se han identificado más de 3 mil números de celulares empleados en la comisión de este tipo de acciones, cuya cancelación definitiva será solicitada a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), según informó el titular de la SSPDF, Joel Ortega Cuevas.
Es de destacar la importancia de las políticas de prevención como forma de hacer frente a las organizaciones delictivas dedicadas a la extorsión telefónica, e impedir la expansión de un flagelo que en tiempos recientes ha sembrado temor y zozobra entre la ciudadanía. El éxito que hasta la fecha ha tenido el programa de la policía capitalina contra las extorsiones telefónicas radica en incentivar en la sociedad la cultura de la denuncia y otorgar a las víctimas asistencia oportuna en el manejo de la situación.
Sin embargo, como complemento de este programa es necesaria la aplicación, por parte de las autoridades federales, de medidas que regulen el mercado de la telefonía celular. En la actualidad, la venta desregulada y frenética de teléfonos móviles, tanto en el comercio formal como en el informal, en conjunción con la ausencia de control en el manejo de los datos personales de quienes los adquieren, facilita que casi cualquier persona pueda hacerse de uno de estos equipos y lo emplee para cometer delitos, sin temor a represalias.
Sería deseable, por tanto, que el comercio de telefonía celular fuera objeto de mayor control, y que los propietarios de los números puedan ser identificados en forma inequívoca, en caso de que sean empleados en forma ilegal. Esto facilitaría, entre otras cosas, las pesquisas de las autoridades encargadas de combatir la extorsión telefónica, al tiempo que posibilitaría que los dueños de equipos robados deslindaran responsabilidades de eventuales delitos cometidos desde sus aparatos, de manera similar a como ocurre, por ejemplo, con los automóviles.
De nada servirán los esfuerzos conjuntos de las autoridades y la ciudadanía para combatir a las bandas de extorsionadores si persiste una regulación laxa que dota de un amplio margen de maniobra a los delincuentes. Más allá de las consideraciones estrictamente comerciales, debe tenerse en cuenta que lo que está en juego es la tranquilidad y el bienestar de una ciudadanía perturbada en sus ámbitos fundamentales.