■ Participó en negociaciones fraudulentas de concesión a Unefon, dice
Demanda Reyes Gámiz la renuncia de Javier Lozano, por quebranto al erario
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal demandó la renuncia del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, luego de asegurar que estuvo involucrado en negociaciones fraudulentas en la concesión del espectro telefónico a Unefon, cuando encabezaba la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), provocando un quebranto al erario nacional de más de 3 mil millones de pesos.
En una conferencia de prensa, el secretario general del sol azteca local, Carlos Reyes Gámiz, también solicitó la integración de una comisión especial en la Cámara de Diputados, para que sea investigado este caso de manera exhaustiva, toda vez que la Secretaría de la Función Pública (SFP) podría ser parcial, pues quien encabeza la dependencia es compañero de gabinete de Lozano Alarcón.
El perredista aseguró que tiene información de que la reunión que tuvo Lozano Alarcón con su homólogo de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se abordó, entre otros, este tema, con la finalidad de blindar al funcionario público y evitar que genere un escándalo este caso, que fue consignado ya en el reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación.
Con documentos en mano, Reyes Gámiz explicó que desde la Cofetel se autorizaron dos prórrogas en el pago que debería realizar la telefónica Unefon, del grupo de Ricardo Salinas Pliego, por la concesión en telefonía móvil, una de las cuales aprobó fast track, a título personal y sin consultar al pleno del consejo, Lozano Alarcón con la atenuante de que la empresa tendría que pagar intereses.
Ante ello, agregó, Unefon demandó ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administración (TFJFA) el cobro indebido de intereses por 596 millones de pesos, por no estar previsto en la ley, y tras obtener un fallo a su favor, logró que se le reintegraran 550 millones de pesos, pero ahora reclama la cantidad de 3 mil 50 millones de pesos por concepto de intereses y actualización.
“De confirmarse la sentencia estaríamos hablando de un daño al erario de enormes dimensiones, porque esa cantidad significa más de lo asegurado al chino Zhenli Ye Gon o lo que se recabaría en un año con la aplicación del gasolinazo, debido a la actuación ilegal de este funcionario federal”, refirió.