■ Sufre la comunidad agresiones, hostigamiento y extorsión

Condicionan el gobierno y priístas programas en Roberto Barrios: JBG

Hermann Bellinghausen

En la comunidad de Roberto Barrios, Chiapas, donde el gobierno construyó un puente sobre el río Bascán que se pretende explotar como atractivo “ecoturístico”, los priístas obligan a pagar 50 pesos por persona “para su inauguración”. El puente llevará el nombre de Luis H. Álvarez, el promotor oficial de carreteras y divisiones en esa y muchas comunidades indígenas más. Para redondear el homenaje al funcionario panista, custodian el puente “paramilitares armados, agresivos y prepotentes”, denuncia la junta de buen gobierno (JBG) Nueva semilla que va a producir.

En un comunicado que enumera decenas de comunidades agredidas y hostigadas por grupos oficialistas (algunos paramilitares) y representantes gubernamentales, la junta de la zona norte manifiesta: “Dijimos (desde 1994) que no vamos a obedecer mientras no se nos reconozcan cabal nuestros derechos. Si no se nos toma en cuenta y respeta verdaderamente, esta es y será la causa de nuestra rebeldía y resistencia”.

Según la JBG, “el mal gobierno nos quiere seguir desconociendo y despojando de nuestro derecho como pueblos indígenas a vivir y disfrutar de lo que nuestra madre tierra nos da. Desconocemos el pago de la energía eléctrica y los impuestos sobre la tierra, que es de quien la trabaja. Esta resistencia es porque la luz y la tierra pertenecen cabal a los pueblos de México, no son para el enriquecimiento de unos pocos, como ha sucedido con los malos gobiernos que extraen la riqueza de nuestros territorios y luego nos la quieren cobrar como si fuera de ellos. Estas riquezas no son para que los malos políticos vivan de ellas como ricos o las regalen a empresas capitalistas y trasnacionales”.

La autoridad autónoma señala: “Como los malos gobiernos saben que muchos pueblos además de los zapatistas están resistiendo, buscan engañar y obligan a pagar. Ofreciendo migajas han confundido a muchos para que vayan olvidando su lucha, que no es sólo para los nosotros presentes, sino para los que detrás vienen caminando”.

Los zapatistas acusan al gobierno de presionar “a hermanas y hermanos para que nos obliguen a cubrir las injustas tarifas de electricidad diciéndoles que el mal servicio es porque no pagamos, o les condiciona programas como Oportunidades a que muestren su pago”. En una relación inusualmente amplia, la JBG menciona los conflictos propiciados por la Comisión Federal de Electricidad, los cobros de predial y la aplicación forzosa del Procede en los municipios rebeldes El Trabajo, El Campesino, Francisco Villa, Vicente Guerrero, Akabalná, La Paz, La Dignidad y la región autónoma Miguel Hidalgo.

Señalan a las organizaciones paramilitares Opddic, UCIAF y Paz y Justicia: “El gobierno engaña a nuestros hermanos para que nos arrebaten el derecho a nuestras tierras y territorios, y les ha llenado de odio su corazón”. En Choles Tumbalá y Las Ruinas hay amenazas de desalojo por los caciques ganaderos. En Nuevo Tila, Francisco León, Nuevo Jerusalén y Francisco Villa reciben similares advertencias de los paramilitares de Nueva Palestina, miembros de Opddic “que hicieron la masacre en Viejo Velasco”.

La JBG recuerda “a los diferentes pueblos” de Chiapas que en su lucha “han traído un avance para todos, indígenas y no indígenas. Respetemos nuestra luchas. Aunque les pese al mal gobierno y a los ricos que detrás de él mandan escondiéndose, estamos organizados en la autonomía, y les seguimos diciendo ‘ya basta’. Sus palabras sólo son aire, palabras que quieren confundir”.

La versión íntegra del comunicado de la junta de buen gobierno Nueva semilla que va a producir aparece en la edición electrónica de La Jornada.