■ El gobierno de Querétaro ordena sacar a cooperativistas de un terreno de uso agrícola
Se consuma la expulsión de colonos de 187 hectáreas en Escobedo, Nuevo León
■ Instalan cercas; una mujer quedó atrapada
■ Planean construir viviendas de interés social
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El gobierno de Nuevo León terminó de expulsar a los habitantes de la colonia Nueva Castilla, municipio de Escobedo, para construir viviendas de interés social. En la imagen se observan restos de casas derribadas o incendiadas sin previo juicio
Foto: Raúl Rubio
Monterrey, NL, 27 de marzo. Funcionarios del Instituto Estatal de la Vivienda (IEV) y guardias de ocho inmobiliarias que formaron un fideicomiso para urbanizar 187 hectáreas de la colonia Nueva Castilla, municipio de Escobedo, desalojaron durante esta semana a las últimas 70 familias que se resistían a dejar los predios.
En el fraccionamiento vivían aproximadamente 900 familias, que aseguraban ser las legítimas propietarias, pero fueron sacadas paulatinamente.
Gabriela Bautista Valdovinos, Patricia Borjón y Pedro López, afirmaron que solamente Gloria de Santiago permanece en su vivienda, pero está prácticamente “secuestrada” desde el lunes, ya que su esposo, Anacleto Santiago Pérez, salió ese día a trabajar y al regresar ya no pudo entrar porque personal del IEV y de las empresas constructoras colocaron una malla de acero.
Pedro López, uno de los afectados, comentó que dejó dentro un camión con el que trabaja.
Los colonos agregaron que, no conformes con desalojarlos y destruir sus viviendas sin previo juicio, el IEV y el Fideicomiso Irrevocable de Administración de Inmuebles para Desarrollo Inmobiliario los denunciaron penalmente por “despojo de inmueble”, pese a que ellos compraron los terrenos hace nueve años al capitán del Ejército Leopoldo Bautista Flores.
Explicaron que en diciembre del 2003, dos meses después de iniciada la administración del gobernador José Natividad González Parás, se constituyó el IEV y se creó el citado fideicomiso, cuyo propósito es crear vivienda de interés social.
Los vecinos promovieron un amparo, pero el 25 de marzo el juez Ricardo Hiram Barbosa Alanís les negó la suspensión provisional porque “no acreditaron interés jurídico”.
■ Lo entregará a diputada del PAN, señalan
■ Destruyen cosechas con maquinaria pesada
Mariana Chávez Corresponsal
Querétaro, Qro., 27 de marzo. El gobierno del estado expulsó a campesinos productores de maíz, frijol, calabaza y nopal de un terreno de 13 hectáreas de propiedad estatal, por considerar que no estaban cumpliendo con las actividades propias de una cooperativa y porque el contrato de comodato ya venció.
El domingo 16 de marzo, sin presentar documento alguno, los cultivos fueron destrozados con maquinaria pesada, con el resguardo de unos 40 policías.
El predio, conocido como huerto Los Limones, se ubica en la delegación de Concá, municipio de Arroyo Seco, detrás de la casa oficial de gobierno en la zona serrana.
Yolanda Ferrer, una de las afectadas, dijo que el gobierno estatal los desalojó porque planea entregar ese predio a otro grupo de campesinos liderados por un familiar de Micaela Rubio, militante del Partido Acción Nacional y diputada federal suplente de Ignacio Rubio.
Explicó que en el gobierno de Enrique Burgos García (1991-1997) signaron un comodato para que una sociedad de producción rural pudiera sembrar y comercializar las cosechas. De esta actividad viven más de 20 familias y se da empleo a otras 100 personas.
El convenio fue signado por seis años y ampliado por un periodo igual en el gobierno de Ignacio Loyola Vera (1997-2003). Sin embargo, en la administración de Francisco Garrido Patrón les negaron la renovación del contrato.
En tanto, el subsecretario de Desarrollo Político del estado, Jesús Carlos Hernández, indicó que la cooperativa “ya no funcionaba como tal” y se decidió recuperar el terreno para “retomar el proyecto original y favorecer a las personas que necesitan sembrar ahí”.