Denuncia APPO persecución de comisión de la Suprema Corte
Oaxaca, Oax., 27 de marzo. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) denunció que la Comisión Investigadora del Caso Oaxaca de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en vez de indagar las violaciones a derechos humanos en 2006 y 2007 en la entidad, se ha sumado a la persecución del movimiento magisterial y popular, por haber requerido “información política policíaca” a las autoridades municipales de esta ciudad.
“Más que una investigación judicial es una persecución política por nuestra forma distinta de pensar y por luchar por un mejor Oaxaca”, afirmó uno de los voceros, Florentino López Martínez, al dar a conocer el oficio OAX/102/2008, fechado el 13 de febrero pasado en la ciudad de México, suscrito por los magistrados de la Comisión Investigadora del Caso Oaxaca, Manuel Baraimar Constantino y Roberto Lara Hernández, que fue entregado a la APPO por personal de la SCJN.
En el documento, los magistrados solicitaron al presidente municipal de esta ciudad, José Antonio Hernández Fraguas, la información de las organizaciones sociales, sindicales o personas, quienes han participado en marchas, paros de labores, plantones y bloqueos efectuados por el movimiento magisterial y popular, además de los nombres de líderes o dirigentes y sus tendencias políticas y sociales, así como sus nexos con otras organizaciones políticas, civiles, sociales y no gubernamentales.
También pidieron reportes, partes informativos, documentos y registros fotográficos o videográficos de las diferentes protestas realizadas.
El portavoz sostuvo que la actuación de dicha comisión resulta preocupante porque “se convierte en un policía en vez de determinar la responsabilidad” de los gobiernos federal y estatal en las detenciones ilegales, tortura, desapariciones forzadas y asesinatos de profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de miembros de diferentes organizaciones aglutinadas en la APPO.
Ante esto, demandó a la SCJN una investigación imparcial de los hechos para que se esclarezcan todas las violaciones a los derechos humanos y se castigue a los gobiernos federal y estatal.
Adelantó que las diferentes organizaciones y sectores sociales aglutinados en la APPO recurrirán a las movilizaciones para detener esta “nueva escalada represiva”.