■ De hacerlo, se convertiría en suprapoder revisor de las actuaciones de sujetos fiscalizables

Inconveniente, entregar informes a la ASF sobre carrera judicial: ministro Valls

■ El CJF ha sido incapaz de establecer los lineamientos y el perfil que deben tener jueces y magistrados

Jesús Aranda

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no debe entregar a la Auditoría Superior de la Federación la información que ésta le requirió sobre el Sistema de Carrera Judicial porque, de permitirlo, la ASF “se constituiría o convertiría en suprapoder revisor de las actuaciones de los sujetos fiscalizables”.

Sostuvo lo anterior el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Sergio Valls Hernández, en su proyecto de dictamen que tiene que ver con la consulta que hizo el CJF al máximo tribunal respecto de la petición de información (oficio AED/DGADGF/398/07), en la que el auditor especial de desempeño de la ASF le solicitó al consejo información sobre dicho tema.

Con ese planteamiento se cierra la puerta para que se lleve a cabo por primera vez en la historia de la Judicatura Federal una auditoría integral al Sistema de Carrera Judicial, que es la columna vertebral de la impartición de justicia en el país.

El funcionamiento de la carrera judicial también es tema de preocupación del pleno de la Suprema Corte, al grado de que se creó una comisión de tres ministros encargados de analizar las razones por la cuales el Consejo de la Judicatura Federal ha sido incapaz, en sus 15 años de existencia, de establecer los lineamientos y el perfil que deben tener los jueces y magistrados federales, y la forma como éstos deben ser seleccionados.

También está la polémica con respecto al concurso libre de oposición para el cargo de magistrado de circuito, en el que el Consejo de la Judicatura autorizó que secretarios proyectistas de la Suprema Corte de Justicia y de tribunales de circuito concursen para ser magistrados sin antes haber sido jueces de distrito, lo que ha sido interpretado al interior del Poder Judicial de la Federación como un atentado en contra de la carrera mencionada.

En el documento, al cual tuvo acceso La Jornada y que será discutido por el pleno en fecha próxima, se señala que las facultades de la ASF están limitadas a la gestión financiera del ente fiscalizado, para establecer si se cumplió con los criterios establecidos en el presupuesto y con los contenidos de los programas, así como la posible determinación de daños y perjuicios que afecten la hacienda pública.

Valls añade que el oficio referido no se limita a verificar aspectos relacionados con el ejercicio de recursos públicos por parte del consejo, sino que, “so pretexto de verificar tales aspectos, pretende también conocer y revisar otros relativos al ámbito exclusivo del CJF”.

Cuestiona también la petición de información que tiene que ver con: métodos para la selección de aspirantes a ocupar cargos de magistrado de circuito y juez de distrito; las solicitudes para el ingreso; el número de plazas concursadas (para juez y magistrado federales) y ganadas; el número de aspirantes registrados; lo relativo a la promoción de conceptos y términos en la carrera judicial; la plantilla de personal vigente y actualizada el 31 de diciembre de 2006.

Así como criterios para medir el cumplimiento de los principios de “excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad e independencia” de los juzgadores; la relación de los recursos de inconformidad y cómo se resolvieron; las normas, lineamientos, acuerdos o procedimientos que rigieron en 2006 la operación de la carrera judicial; el número de servidores públicos del consejo y qué tipo de plaza tienen.

Y finalmente cómo realizan los exámenes de oposición y los mecanismos para garantizar la seguridad en éstos; lo relativo a las ratificaciones de jueces y magistrados en el año 2006, y licencias de personal, entre otras.