■ Condena resolución que da luz verde a la ejecución de connacionales en el vecino país

Pide el Senado agotar gestiones ante EU para salvar de la pena capital a mexicanos

■ Demanda al gobierno exigir que se valide fallo del tribunal de La Haya para que se revisen los casos

Andrea Becerril

El Senado de la República demandó al gobierno federal realizar urgentemente las gestiones diplomáticas necesarias y agotar los recursos legales en Estados Unidos y en organismos mundiales para hacer valer la resolución de la Corte Penal Internacional de Justicia de La Haya, que hace cuatro años obligaba a revisar los casos de 51 mexicanos condenados a muerte en el vecino país del norte, de los cuales 44, aproximadamente, enfrentan el riesgo inminente de que se les aplique la pena capital.

El acuerdo, propuesto por el perredista José Luis García Zalvidea, se aprobó ayer por unanimidad. Incluye una condena enérgica a la pena de muerte y la integración de una subcomisión de derechos humanos para dar seguimiento a los casos de los mexicanos en peligro de ser ejecutados, luego de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de que Texas no está obligado a cumplir la resolución del tribunal internacional que tiene su sede en La Haya.

Ante el pleno, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Rosario Green, advirtió que la resolución de la Suprema Corte de Estados Unidos constituye “una flagrante negación del derecho internacional”, toda vez que ese país forma parte del organismo de La Haya y sus fallos deben ser asumidos por la justicia estadunidense.

La ex canciller resaltó que la situación es deplorable y muy peligrosa, y “afectará la relación entre México y Estados Unidos, ya que aunque el presidente Bush emitió un memorándum que obliga a las cortes estatales a revisar los casos judiciales de más de medio centenar de mexicanos, el reciente fallo de la Suprema Corte en torno a José Ernesto Medellín y otros condenados a muerte en Texas lo invalida. Con ello, se abre la puerta a que otros estados decidan proceder a la ejecución de connacionales”.

El perredista García Zalvidea hizo notar que la Corte Internacional de Justicia ordenó (en marzo de 2004) a Estados Unidos la revisión de los procesos judiciales de 51 mexicanos sentenciados a la pena de muerte, por considerar que en su detención se violaron sus derechos a la asistencia consular.

Sin embargo, agregó, Texas y otros estados se opusieron a ello y ahora la Suprema Corte les da la razón y ordena, de hecho, pasar por encima de la disposición de un tribunal internacional.

Eso demuestra que “Estados Unidos no respeta nada”, agregó el también perredista Silvano Aureoles, quien propuso adicionar el punto de acuerdo con un pronunciamiento del Senado en contra de la pena de muerte, “ya que es una medida penal que viola derechos humanos”.

A propuesta del PAN se acordó integrar una subcomisión de trabajo dentro de la Comisión de Derechos Humanos, que se habrá de sumar al trabajo que se hace ya en Relaciones Exteriores para atender la problemática específica de los mexicanos que podrían estar de nuevo en el corredor de la muerte.

Todas las fuerzas políticas votaron a favor del pronunciamiento, aunque antes el perredista Tomás Torres Mercado hizo notar que México tampoco está obligado a cumplir las resoluciones del organismo con sede en La Haya.

Recordó que está congelada una iniciativa para reformar el artículo 21 constitucional, en el que se establece que “el Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.

“Tenemos que empezar por limpiar la casa”, agregó el senador de Convergencia José Luis Lobato.