Editorial

No a la iniciativa energética privatizadora

El coordinador de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el panista David Maldonado, afirmó hoy que en ocho días el Ejecutivo federal presentará su iniciativa de reforma energética. Con ello, el legislador oficialista confirmó los anuncios que, en el mismo sentido, habían hecho los líderes de las bancadas de su partido en la Cámara de Diputados, Héctor Larios, y en el Senado, Santiago Creel. Con estos datos resulta inevitable concluir que el llamado de Felipe Calderón del pasado 18 de marzo a un “diálogo abierto, objetivo y sereno” sobre el futuro de la industria petrolera carecía de sustancia, y que no hay el menor interés por parte del grupo gobernante de tomar en cuenta el sentir de la sociedad en esta materia. Se confirma, en suma, que el gobierno calderonista y sus apoyos empresariales nacionales y extranjeros han venido actuando de manera sesgada, de espaldas a la opinión pública, y adulterando en forma sistemática los términos del debate, acaso porque no quieren arriesgarse a perderlo.

Por el contrario, el Partido Acción Nacional, las coordinaciones parlamentarias del Revolucionario Institucional y los promontorios de poder fáctico se han reservado para sí, en un ejercicio oligárquico, la construcción de la iniciativa de modificaciones legales en materia petrolera. Semejante estilo de no hacer política, de excluir al grueso de la población de una decisión de suma gravedad para el futuro del país y de preparar en las sombras la propuesta de reforma sólo puede explicarse, a su vez, por la existencia de un intento privatizador y antinacional que suscita ya, desde antes de que se formalice, el repudio generalizado de la mayoría de los mexicanos. Tras los ensayos de manipulación del discurso oficial y luego de la difusión de un espot mendaz y distractor sobre la supuesta urgencia de asociarse con trasnacionales para perforar los yacimientos situados en aguas marítimas profundas, se requiere de un gran esfuerzo de credulidad, o bien de un alto grado de complicidad, para no ver en las acciones gubernamentales el designio de entregar al menos parte de la riqueza petrolera nacional a consorcios privados muy probablemente extranjeros.

Tal proceder antidemocrático y vergonzante, lejos de incrementar los márgenes políticos de la actual administración, acentúa su déficit de legitimidad y su imagen como un gobierno al servicio de los intereses privados, especialmente de los trasnacionales, y que da la espalda a las necesidades de la población.

Por añadidura, las prácticas puestas en juego por el calderonismo en la circunstancia actual –engañar en vez de informar, imponer en lugar de convencer, excluir y no incluir– amenazan con llevar al país a una polarización sin precedente y a un estado de confrontación permanente sumamente peligroso. En este sentido, el escamoteo de la discusión y el debate, francos y abiertos, por parte del gobierno, explica, en buena medida, el crecimiento del movimiento en defensa del petróleo que encabeza Andrés Manuel López Obrador y que ayer dio, en el Zócalo capitalino, una nueva muestra de su capacidad de movilización y un indicio de su vocación organizativa. En efecto, ese movimiento está dejando de ser una suma de exasperaciones individuales ante la voracidad de la derecha y empieza a convertirse en contingentes y sectores organizados de la sociedad que se oponen a la privatización de los recursos energéticos del país.

Ignorar a esa parte sustancial de la sociedad o minimizarla como un mero rescoldo de los descontentos por la suciedad de la elección presidencial del año antepasado sería casi un acto de provocación, y con ello se estaría apostando, desde el mismo poder público, por la ingobernabilidad. La autoridad debe caer en la cuenta de que la privatización parcial o total de la riqueza petrolera nacional, abierta o encubierta, vía constitucional o por ley secundaria, por medio de contratos de riesgo, joint ventures o cualquier otra figura que comprometa la plena soberanía sobre los hidrocarburos mexicanos, es políticamente inviable en el México contemporáneo, y que el interés nacional en esta materia está por encima del pago de favores y facturas, por abultadas que sean. El grupo gobernante debe desistir de su empeño de presentar una iniciativa de reformas legales que, indefectiblemente, ahondaría la fractura nacional ya existente, y que podría desembocar en una severa desestabilización, cuyo principal responsable sería el propio Ejecutivo federal.