■ Antes de la elaboración de proyectos de dictamen se oirá a organizaciones e individuos
Aprueba la Suprema Corte lineamientos para llevar a cabo audiencias públicas
■ La despenalización del aborto en el DF, en la agenda judicial de los próximos meses
A unas semanas de iniciarse la discusión sobre la constitucionalidad de la despenalización del aborto en el Distrito Federal y de otros asuntos “de trascendencia para la sociedad mexicana”, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó los lineamientos sobre la forma en que se llevarán a cabo audiencias públicas, para que organizaciones, agrupaciones y/o individuos expongan sus puntos de vista directamente ante los ministros del máximo tribunal de justicia del país.
Lo anterior quedó asentado en el acuerdo general 2/2008, aprobado unánimemente por el pleno de ministros, que afirma que la decisión de realizar audiencias los viernes –según lo permita la agenda del ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia– responde a lo estipulado por el artículo sexto constitucional, que fija la obligación del Estado de garantizar el acceso a la información, así como que dichos encuentros se lleven a cabo de manera “programada y pública”, para que los interesados expongan sus puntos de vista.
Las audiencias se llevarán a cabo antes de que el ministro instructor del asunto que se trate elabore su proyecto de dictamen.
De acuerdo con información obtenida por este diario, para la Suprema Corte los temas “de trascendencia” nacional que resolverá en el transcurso de los próximos meses y en los que se programarán audiencias públicas son: las reformas al Código Penal capitalino y a la Ley de Salud para el Distrito Federal que despenalizaron el aborto, las cuales se abordan en la ponencia del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, así como los amparos contra la reforma a la Ley del ISSSTE.
En el acuerdo general se estipula que el objetivo de las audiencias públicas es atender a los interesados en temas relevantes, de interés jurídico o de importancia para la sociedad mexicana, a fin de programarlas para que el ministro presidente y los ministros que así lo decidan se encuentren en aptitud de escuchar a los diferentes sectores o personas, y darles oportunidad de exponer sus opiniones.
Aun cuando particulares podrán ser escuchados, se dará prioridad a representantes de asociaciones o agrupaciones, además de que las audiencias serán videograbadas y no se permitirá que comparezcan en más de una ocasión.
Los asistentes podrán entregar por escrito la documentación que consideren relevante para el caso. Primero se escuchará a quienes estén por la constitucionalidad de las leyes impugnadas y luego a los que opinen en contrario, con una exposición máxima de 10 minutos por participante; los ministros podrán preguntar a los expositores lo que consideren necesario.
La primera vez que la Corte llevó a cabo audiencias públicas programadas fue de manera previa al análisis de la llamada ley Televisa.