La emblemática defensa del petróleo
En los próximos días conoceremos los detalles de la estrategia calderonista para lograr la privatización del petróleo. Por lo pronto, bien ha hecho Andrés Manuel López Obrador en colocarse a la cabeza de la defensa de uno de los últimos reductos del proyecto emanado de la Revolución Mexicana, al que fue fiel el general presidente Lázaro Cárdenas del Río al decretar la expropiación petrolera en 1938.
Desde Los Pinos se hacen cálculos: con Mouriño blindado se cuentan votos “seguros” en el Congreso, se manosean discursos juaristas, se orientan campañas manipuladoras, se aplaude a los analistas que cuestionan al movimiento en defensa del petróleo y se adhieren a un proyecto que se supone aún no conocen, pero que están prestos a aplaudir porque la privatización les parece el sendero mas seguro y “natural” para sacar a Pemex de una crisis que nadie explica, y nadie responde por qué si los ingresos petroleros se han multiplicado, la empresa estatal está “en quiebra”; se oculta el texto del proyecto que será enviado al Congreso, se negocia en lo oscurito con príistas que pretenden ostentar la representación de su partido, y se frotan las manos para que la muy lamentable crisis poselectoral del Partido de la Revolución Democrática (PRD) les haga ganar adeptos entre sus legisladores.
En contraste, desde el Zócalo, AMLO fija posición de manera inequívoca sobre el significado que para el país tendría la privatización del petróleo, lo hace con argumentos sólidos y de cara a la nación, ante una plaza abarrotada de una ciudadanía atenta y dispuesta a participar en un movimiento que se anuncia altamente complejo. En primer lugar aparece delineada una pinza donde, por un lado, la ciudadanía movilizada impulsaría el rechazo a toda iniciativa privatizadora y recurriría a acciones de resistencia civil pacífica en sectores neurálgicos como carreteras y aeropuertos, con brigadas de mujeres a la cabeza, y por otro, se esperaría que el Frente Amplio Progresista desde adentro del Congreso, y de manera unitaria, logre detener la discusión misma de la iniciativa calderonista.
El escenario de polarización es inevitable y, si bien López Obrador no es el único político que se opone a la privatización del petróleo, sí es el objetivo central del gobierno en funciones, que puede ver en esta confrontación una oportunidad para desactivar a toda costa el movimiento que encabeza el líder más fuerte de la oposición democrática en el país. Y AMLO lo sabe de alguna manera. Colocado en el filo de la navaja, señaló en el Zócalo, el 18 de marzo, que si se consuma el atraco privatizador se podría “cancelar la posibilidad de transformar a México por la vía pacífica”. Hay plena conciencia de los riesgos, por ello se insistió y alertó contra la infiltración de provocadores, porque a río revuelto las manos de todos colores e intenciones pueden aparecer “radicalizadas”. Por otra parte, hoy más que nunca importa recordar que el movimiento de la Convención Nacional Democrática es más amplio que el PRD, partido que en las buenas se ha beneficiado del impulso electoral de López Obrador y en las malas, como la crisis que hoy confronta, desde adentro y afuera busca cargarle el costo al líder tabasqueño por una elección que, independientemente del tamaño de las anomalías, simplemente da pena ajena.
Habría que señalar que el movimiento en defensa del petróleo requiere de la más amplia participación de los sectores estratégicos del movimiento social que históricamente han participado en la defensa de la nación; destaca el Sindicato Mexicano de Electricistas, pero sin duda hay otras fuerzas que se deberían integrar a la conducción de ese movimiento. A las personas valiosas que actualmente lo encabezan se deberían sumar otros sectores sociales organizados. El mérito de López Obrador es innegable, pero ese movimiento debe ser lo más amplio posible. La centralidad de AMLO es su fuerza, pero también puede ser su debilidad. Ahora bien, tampoco se observan activos y preocupados a sectores que traen otras agendas en curso.
Por último, un comentario “políticamente incorrecto”: uno de los ejes de la campaña en curso contra AMLO por su postura de no aceptar ninguna propuesta de reforma o por rechazarla antes de que sea presentada se basa en el supuesto de que resulta absurdo rechazar “lo que no se conoce” o “negarse a dialogar”. Pues bien, desde mi punto de vista es correcto no abrir la puerta a un debate que involucre –en especial a los legisladores– las clásicas componendas, los llamados “consensos, vocaciones de poder, el espíritu institucional”, el célebre “privatizamos, pero poquito, querían más... no es grave, se hace en la ley, no en la Constitución”, además, luego “podemos ir a la Corte”. A estas alturas no nos podemos engañar: lo que está en juego es la entrega de los recursos de la nación, y ello amerita de firmeza, así se le califique de intransigencia.