■ Inmobiliarias han incurrido ilegalmente en cierre de accesos: diputado
Una constante, la privatización de playas públicas de Acapulco
■ El gobierno municipal anterior y Protur, encargados de despojar a ejidatarios y promover voracidad de desarrolladores turísticos, afirma
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La playa de Caletilla, en Acapulco, luce atestada de turistas por el periodo vacacional de Semana Santa
Foto: Javier Verdín
Acapulco, Gro., 21 de marzo. Una constante desde la creación del puerto de Acapulco es la apropiación de los espacios públicos, práctica que ha continuado en el área de Punta Diamante y tiene como propósito desalentar la visita del turista y de los vecinos que no tienen propiedad en la zona de condominios.
Las inmobiliarias han cerrado los accesos, que deberían estar “cada 400 metros, o entre los límites de cada propiedad”, de acuerdo con los artículos cuarto y quinto de la Ley de Bienes Nacionales, y 17 del reglamento respectivo. Estas entradas deberían tener 15 metros de ancho, pero las constructoras las han reducido a 2.20 inclusive, lo que prácticamente impide el ingreso de vehículos.
De 92 kilómetros de zona costera que tiene Acapulco, 23 son de playas, desde la Barra de Coyuca, pasando por Pie de la Cuesta, Caleta, Caletilla y Bahía de Santa Lucía, además de las de Puerto Marqués, Revolcadero, Punta Diamante y Barra Vieja; el resto son acantilados. A lo largo de esa zona sólo hay 60 accesos, casi uno cada dos kilómetros, la mayoría en las playas más populares.
Apropiación de Punta Diamante desde 1987
En el caso de Punta Diamante, la historia de cómo las playas públicas de Acapulco han sido privatizadas comenzó en 1987 cuando el entonces gobernador José Francisco Ruiz Massieu expropió los terrenos del área de Revolcadero, Copacabana y La Zanja. Fue Promotora Turística (Protur) el organismo gubernamental encargado de despojar a los ejidatarios que vivían en la zona y también del gran negocio que significó el traspaso a las inmobiliarias que hoy construyen en esta zona.
También funcionarios de Protur vendieron los terrenos sin respetar los accesos a playas, que van desde el desarrollo Playa Mar hasta donde se encuentra el emporio La Isla, que promueve el cantante Luís Miguel –uno de sus socios–: unas 800 hectáreas.
La resistencia a la expropiación de 1987 acabó cuando, durante una asamblea dominical de los ejidatarios, dos pistoleros entraron a la ramada donde se desarrollaba la reunión y uno de ellos mató al presidente del comisariado ejidal del ejido La Zanja, Ramón Nogueda, mientras el otro amagaba a los presentes.
Las inmobiliarias, que a lo largo de seis kilómetros de playa construyen condominios como Sea Garden, Torre Diamante, Beach Club, Casa del Mar, Fuentes del Mar y Puente del Mar –los más económicos de 50 mil dólares– sólo dejaron cuatro accesos, dos taponados por pequeños establecimientos que obtuvieron concesiones irregulares del gobierno municipal que encabezó Alberto López Rosas.
Wulfrano Salgado Romero, hijo de ejidatarios y diputado local del PRD, ha denunciado a las empresas que han privatizado las playas, señala que según la ley, desde el emporio La Isla hasta La Bonfil deberían existir 22 entradas y sólo se encuentran cuatro; uno es la conocida oficialmente como Luis Miguel, que colinda con la propiedad del cantante del mismo nombre, limitada a ocho metros de ancho, es decir, le fueron arrebatados siete metros cuadrados.
En información entregada a La Jornada se indica que uno de los accesos, custodiado por Protur, fue concesionado para un supermercado a la empresa Marina Vallarta SA; el otro se encuentra a un lado de la Torre Diamante.
El pasado 10 de marzo, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del ayuntamiento, Manuel Malváez Rosillo, informó al oficial mayor del Congreso, Luis Barrosos Merlín, sobre la situación jurídica de las entradas de playa comprendidas entre Playa Revolcadero y Hotel Tres Vidas en la Playa. En el documento se ratifica el despojo.
Sorprendentemente afirma que en la península de Punta Diamante, que limita con Puerto Marqués, “no existen accesos a la playa porque no hay playas, solamente una pequeña superficie colindante con el lote A”.
Lo que el funcionario no reporta es que este pequeño segmento está privatizado y al resto de la península, aunque no tiene playas, los acantilados, con pequeñas playitas, son propiedad privada donde se construyen desarrollos y se impide el acceso a la población.
“Estos (accesos) deberían tener 15 metros de ancho, espacio para estacionamiento o ingreso de ambulancias a las playas u otros vehículos”, afirma Wulfrano Salgado, que desde antes de ser diputado ha emprendido la defensa de estos espacios públicos.
“Si un día hay una emergencia en cualquier playa, que deban ingresar ambulancias, pues no podrán hacerlo”, dice Salgado y señala que la ley para los desarrolladores turísticos es letra muerta.