Gustavo Iruegas

Los internacionalistas no piden permiso

Verónica, Soren, Juan y Fernando murieron en el ataque aéreo del primero de marzo al campamento del comandante Raúl Reyes en la provincia ecuatoriana de Sucumbios. Lucía sobrevivió. Mexicanos los cinco.

Los cinco jóvenes estaban inscritos en la universidad; pero no, la universidad no los envió. Ni la República, ni sus padres. Tomaron una decisión propia y personalísima; aun si el propósito de su viaje fue hacer estudios e investigaciones sociales, el interés era personal. Se estaban acercando al más decantado ejercicio revolucionario, el internacionalista. Es posible que se tratara de sus primeros contactos. Pero no eran combatientes, no estaban en un campo de batalla ni tampoco en un país en guerra. No es extraño estar presente en un campamento guerrillero y no ser un combatiente. El de Régis Debray en el campamento del Che Guevara es un caso muy conocido. Se puede incluso ser parte de un grupo revolucionario sin ser combatiente, como lo han sido muchos sacerdotes.

No es ésta la ocasión de hablar de los internacionalistas consagrados en la historia. Es momento para recordar a los anónimos, a los que hicieron el sacrificio de su vida y los que, habiendo sobrevivido, la pusieron en el mismo riesgo en aras de la solidaridad internacional que los revolucionarios practican.

El 26 de julio de 1936, nueve cadetes del H. Colegio Militar aprovecharon la ceremonia de entrega de espadines a los cadetes de nuevo ingreso para salir a hacer trámites de pasaportes y otra documentación necesaria para viajar a España, donde se incorporarían a la defensa de la República Española. Los cadetes “… suponían que no sería mal visto por el gobierno de México que lucharan al lado de un país amigo que estaba peleando por los mismos principios que habían sido la causa de tanto derramamiento de sangre en la República [Mexicana]; máxime cuando veían claramente que el propio gobierno mexicano, desinteresada y abiertamente, ayudaba a la República Española. Allí estaba su constante lucha diplomática contra algunos países representados en Ginebra, para que se ayudara a España y se parase en seco la intervención fascista. Ello garantizaba plenamente cualquier movimiento a favor de la República” *. Las tribulaciones del grupo no fueron pocas. Cuando estaban en la estación de Buenavista abordando el tren que los llevaría a Veracruz se apareció un grupo de oficiales del Colegio Militar acompañados de la madre de uno de los cadetes. Cinco fueron regresados al plantel. Los otros cuatro lograron esconderse en el tren y continuar su viaje al puerto y abordar un barco… en el que fueron detenidos y regresados a México. Su castigo fue abrumador. Los nueve fueron expulsados “con cajas destempladas” del Colegio Miliar; entre sonidos de cornetas desafinadas y el redoblar de tambores flojos, todo frente a sus compañeros que les daban la espalda al verlos pasar. El escándalo en la prensa nacional fue mayúsculo. Cinco de ellos llegaron a España. Sólo uno, Roberto Vega González, sobrevivió a la guerra; alcanzó el grado de mayor del Ejército Republicano Español.

Araceli Pérez Darias, estudiante de la Universidad Iberoamericana, fue a pelear al lado de los sandinistas. En 1979, junto al resto de la jefatura del Frente Interno, del cual formaba parte, cayó prisionera en la ciudad de León. Al igual que el resto de sus compañeros, fue asesinada de un tiro en el pecho. Alegando disposiciones sanitarias, el gobierno somocista se negó a permitir la exhumación y el traslado del cadáver a México. Temía que la recepción fuese motivo de un acto de solidaridad contrario a la dictadura.

En El Salvador lucharon unos 250 mexicanos, más de 40 murieron, unos en combate, otros fueron asesinados en prisión. Es de recordarse el jovencito que luchaba en Usulután y la noticia de su muerte llegó antes que la última carta que escribió a su madre. En ella acompañaba una fotografía de tamaño credencial en cuyo reverso se leía a manera de dedicatoria: “Mamá; te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho…” Ésa fue la foto que la desconsolada madre usó para pedir en la Secretaría de Relaciones Exteriores que se procurase la repatriación del cadáver. Las historias son tantas cuantos han sido los mexicanos que se han incorporado a una lucha que otros considerarían ajena, movidos por el ideal del internacionalismo revolucionario. En Guatemala ocurrió otro tanto y en Colombia no puede ser menos. El internacionalismo no es nuevo.

Lo que es nuevo –pero no sorprendente– es que el gobierno de facto exprese en el comunicado de prensa número 59, emitido por la cancillería el 14 de marzo, que es su “preocupación que ciudadanos mexicanos estén relacionados con una organización como las FARC, conocida por su ilegalidad y naturaleza violenta; por ser autora de múltiples secuestros, actos de sabotaje, extorsiones y actividades de narcotráfico”. Las FARC ya eran las que son cuando el gobierno de Colombia –que también tiene su historia– inició procesos de negociación con ellas y el gobierno de México admitió en su territorio, en 1992, a una delegación de las FARC y del ELN para negociar la paz. México actuó como facilitador y comisionó a personal de la cancillería para hacerlo. Diplomáticos en funciones sirvieron como garantes de la seguridad en el tránsito entre la selva y México y de regreso a la selva y un embajador mexicano fue moderador en la mesa de negociaciones. Se reunieron en Tlaxcala, en un centro de descanso del IMSS llamado La Trinidad. Cuando las delegaciones del gobierno y de los revolucionarios regresaron a Colombia, representantes del ELN y de las FARC permanecieron en México –con conocimiento y en contacto con las autoridades de Gobernación– por varios años. El 30 de noviembre del año 2000, reunidos los presidentes de Colombia, Venezuela y el todavía presidente electo de México Vicente Fox, se dio una acalorada discusión entre los cancilleres colombiano y venezolano durante la cual se mencionó la existencia en México de una oficina de las FARC. Vicente Fox, sorprendido, intervino para decir que él no lo sabía y que ordenaría su inmediata expulsión. El propio presidente Pastrana terció para explicar que la presencia en México de esa oficina era útil, porque era un punto de contacto y comunicación entre el gobierno y los insurrectos, y pidió que se le permitiera permanecer. Vicente Fox accedió “mientras fueran útiles para la negociación”. Fue hasta mayo de 2002, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Financiación del Desarrollo, en Monterrey, cuando las negociaciones en El Caguán ya habían fracasado, que el presidente Pastrana le pidió a Fox que se cerrara la oficina de las FARC en México. Así se hizo.

La preocupación del gobierno de facto obedece a su alineamiento ideológico y político con Estados Unidos, pero aduce que tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han condenado en varias ocasiones actos cometidos por las FARC y los han calificado como acciones terroristas. Eso es cierto, pero no es efectivo. La dificultad estriba en que ni las resoluciones ni los tratados han logrado definir el terrorismo de manera generalmente aceptable ni han podido elaborar una fórmula que permita determinar quién es terrorista y quién no. En la práctica, el término terrorista es sólo un calificativo para el adversario. Los textos de la OEA y de la ONU obedecen a la hegemonía de Estados Unidos y no a la lógica del derecho. El delito de terrorismo internacional no es más que un artilugio que pretende cancelar el derecho de los pueblos a la rebelión. Olvidan la cancillería, la OEA y la ONU que la revolución es un atributo de la soberanía popular que no requiere la aprobación de nadie más que la del propio pueblo que la practica.

En cuanto a los jóvenes internacionalistas mexicanos víctimas del ataque al campamento en Sucumbios hay que decir que los muertos no temen a las investigaciones ni a las causas judiciales. Sería el colmo del cinismo que el gobierno de Colombia pidiera la extradición de Lucía y altamente improbable que el gobierno de Ecuador la entregara. Si en México el gobierno de facto intentara una bellaquería contra ella, agregaría un agravio más a la ira popular que con tanto ahínco ha cultivado. Lo único que corresponde es asegurar el pronto regreso de Lucía a México, a su familia y a su escuela. A los espurios no hay que pedirles ni comprensión ni clemencia. Pero se les exige respeto. Respeto a la conciencia personal, al compromiso social y a la actitud solidaria de nuestros jóvenes internacionalistas.

Ésta es una tesis de política exterior del gobierno legítimo de México.

* Roberto Vega González, Cadetes mexicanos en la guerra de España, Compañía General de Ediciones, México, 1954.