Editorial
Asesinadas de Juárez, agravio impune
El pasado 23 de febrero se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda que pretende fincar responsabilidades al Estado mexicano por negligencia, omisión e incluso complicidad, en la muerte de tres mujeres, cuyos restos fueron encontrados en campos algodoneros de Ciudad Juárez, Chihuahua, en noviembre de 2001.
El hecho de que la CIDH haya aceptado investigar los casos presentados es sin duda positivo, porque abre perspectivas de atención a las demandas de justicia de los familiares de las víctimas y de una sociedad agraviada por los crímenes que se cometen contra mujeres en esa localidad fronteriza. Al mismo tiempo, sin embargo, la necesidad de la intervención de un organismo internacional en las tareas para esclarecer los feminicidios constituye un indicador contundente de la ineficiencia de gobiernos federales, estatales y municipales para resolver esa situación.
Hace ya 15 años que los asesinatos de mujeres en Juárez comenzaron a salir a la luz pública y, desde entonces, sus familiares y las organizaciones no gubernamentales involucradas han encontrado en la inoperancia sistemática de todos los niveles de gobierno el lastre principal para resolver esos crímenes. El asunto, de suyo complejo, se ha enmarañado mucho más por la postura inactiva e indolente del gobierno, primero para reconocer el problema y su magnitud, y después para darle seguimiento puntual y eficiente. Baste recordar que hasta hace no mucho las autoridades mencionaban que el número de muertes era “normal” en el contexto de una sociedad “descompuesta”, y que antes de la creación de la fiscalía especial para la investigación de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, constituida durante el sexenio foxista, el ex procurador Rafael Macedo de la Concha se mostraba renuente a que la dependencia a su cargo atrajera los casos como asunto del fuero federal.
Por añadidura, la cuestión de los feminicidios de Ciudad Juárez se inscribe en un contexto general de violencia contra las mujeres en nuestro país, donde la constante son prácticas cotidianas de este tipo, las cuales incluso son vistas con normalidad, como la discriminación y el acoso sexual y la violencia intrafamiliar. Al respecto, los datos que revela la más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 son sumamente preocupantes: más de 60 por ciento de las mujeres mayores de 15 años han padecido algún tipo de violencia, la mayoría en el ámbito doméstico. Independientemente de los avances al respecto, como la promulgación y la entrada en vigor de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, lo cierto es que en México persisten condiciones adversas para que éstas gocen plenamente de sus derechos.
La situación se torna aún más complicada si se toma en cuenta que la presente administración ha evidenciado una lamentable falta de interés por la procuración de las garantías individuales de la población en general e incluso ha generado condiciones que son idóneas para la violación masiva de los derechos humanos, como el despliegue de efectivos militares para combatir al crimen organizado.
El signo distintivo de las sociedades modernas debe ser el respeto pleno e irreductible de las garantías fundamentales de todos sus sectores, empezando por el derecho a la vida. En tanto prevalezcan la impunidad y la ausencia de compromiso gubernamental para esclarecer los feminicidios en Ciudad Juárez, México se presentará ante el mundo con un estigma doloroso, ominoso e insultante. Por el bienestar de las mujeres en esa localidad fronteriza, y del país en general, es imprescindible que esos crímenes se esclarezcan.