■ “Deplorable” respuesta del gobierno de Calderón a exigencias del organismo sobre el caso
Demanda la CIDH al Estado mexicano por campesino desaparecido en 1974
■ Familiares del guerrerense Rosendo Radilla exigen indemnización y que se indague su paradero
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Tita Radilla, hija del desaparecido Rosendo Radilla, durante un informe del caso presentado ante los medios el 17 de noviembre de 2005
Foto: María Meléndrez Parada
Por primera vez en la historia, el Estado mexicano será sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), debido a la “deplorable” respuesta que el gobierno de Felipe Calderón dio a las exigencias de la Comisión Interammericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de Rosendo Radilla –campesino desaparecido en 1974 en Atoyac, Guerrero, por “componer corridos” en favor del guerrillero Lucio Cabañas.
El pasado 15 de marzo, la CIDH interpuso una demanda contra el Estado mexicano por la desaparición forzada de Radilla –el 25 de agosto de 1974–, debido a que el gobierno calderonista no respondió de manera total a cuatro demandas formuladas en agosto de 2007: una investigación completa e imparcial para sancionar a los responsables; la localización, identificación y entrega de sus restos a la familia; la recuperación de la memoria histórica a partir del esclarecimiento público de los hechos, y la reparación del daño moral y material a los familiares.
Antes del pasado 15 de octubre, el gobierno mexicano, por conducto del subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, debió informar a la CIDH sobre el cumplimiento de dichas medidas.
El funcionario solicitó a ese órgano interamericano una prórroga de ocho meses, que sólo fue concedida por 120 días, los cuales se cumplieron el pasado 9 de marzo. La respuesta del gobierno calderonista fue “deplorable”, por lo que el caso recaerá ahora en la Coidh, informaron la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), representantes legales de la familia de la víctima.
El de Radilla es uno de los 470 casos de desapariciones forzadas ocurridos sólo en Atoyac de Álvarez, Guerrero, durante la guerra sucia. La Afadem tiene un registro de mil 200 desapariciones en el país durante ese periodo, la mitad de ellas en Guerrero.
Tita Radilla, vicepresidenta de la Afadem e hija de Rosendo, aseguró que el traslado del expediente a la Coidh les renueva la esperanza de localizar sus restos y hacer justicia. Pero, además –dijo–, contribuirá a sentar precedente jurídico para las más de 600 familias afectadas en Guerrero por esos delitos de lesa humanidad, y permitirá el reconocimiento oficial de esos crímenes y la no repetición de éstos.
María Sirvent, abogada de la CMDPDH, informó que cuando la CIDH notifique a los familiares y sus defensores que el caso fue turnado a la Corte, tendrán dos meses para presentar su demanda con pruebas, testigos y peritos que acrediten el crimen. Posteriormente, el gobierno mexicano tendrá 60 días para responder, con lo que los jueces del órgano jurisdiccional interamericano analizarán si admiten el caso.
En tanto, desde Guerrero, Rosendo Radilla Martínez, hijo del campesino, demandó a los gobiernos federal y estatal que informen sobre el paradero de su padre y les entreguen sus restos. “Sobre todo, queremos que se castigue a los culpables; la condena pública aun post mortem; que el Estado reconozca estos delitos; la petición de perdón a la sociedad, a la familia y a la comunidad; la inclusión del tema en los libros de texto gratuitos para que las nuevas generaciones no permitan que se repita este negro capítulo de nuestra historia, y, finalmente, la reparación material a la comunidad atoyaquense y a la familia”.
En entrevista telefónica, Radilla Martínez recordó que son miles los detenidos-desaparecidos durante la llamada guerra sucia que se vivió en el estado de Guerrero, donde privaron “el hostigamiento, la detención arbitraria, la desaparición forzada, la tortura y a veces la ejecución extrajudicial con el fin de exterminar las movilizaciones y protestas sociales y de potenciales o reales rebeldes, por significar un cuestionamiento al injusto orden establecido”.