■ Sus efectos se reflejan en baja productividad y migración, señala
Censura el PRI carácter asistencialista de la política federal para el campo
El régimen panista “entiende el desarrollo rural sustentable como una política asistencialista y no productiva”: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) está considerada hoy como una dependencia del gabinete social, no del económico.
Asimismo, desde el poder no se han diseñado estrategias para hacer viable la agricultura tradicional. En medio del desastre agroalimentario, el enfoque de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón corresponde a la idea de que los campesinos pobres deben convertirse en braceros o taxistas, según un análisis elaborado en la Cámara de Diputados.
A la fecha, 85 por ciento de los campesinos mexicanos subsidia su ocupación primaria con los ingresos que obtienen de trabajos como la albañilería.
Samuel Aguilar Solís, legislador priísta, considera que en el manejo del presupuesto agrario se ha perdido transparencia “para ocultar la ineficiencia, la corrupción y las concesiones a los grupos de presión, afines o contrarios. La Sagarpa y su presupuesto evidencian su condición discrecional, lo cual no tiene un efecto real sobre la producción y la productividad, porque en realidad la política pública se ha enfocado sólo a privilegiar grupos de fuerza política vinculados con las trasnacionales o la rama de las exportaciones”.
La ausencia de una visión de largo plazo para el campo mexicano se expresa claramente en los resultados de evaluaciones sobre financiamiento, investigación y uso del agua, que son los instrumentos de política por excelencia y que deberían ponerse a disposición de la Sagarpa, se indica en la investigación priísta.
La entrada en vigor de la última etapa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en materia agroalimentaria, el primero de enero de 2008, llegó acompañada de un alza extraordinaria y no por ello efímera de los precios internacionales de los diez cultivos básicos, señala el texto.
“No ha existido una estrategia para contrarrestar los embates que han sufrido, desde hace más de tres años los granos y oleaginosas. La evidencia indica que en 1995 la producción sumó 28.7 millones de toneladas y diez años después, en 2005, apenas llegó a 30.2 millones, lo que refleja un crecimiento de sólo 5 por ciento.
“En lo que se refiere a la superficie cosechada, se redujo de 13.2 millones de hectáreas a 10.8 debido al poco apoyo a las zonas de cultivo de riego, mostrando además la escasa estrategia de la Comisión Nacional del Agua en el manejo de la distribución del líquido. El rendimiento por hectárea apenas se elevó de 2.66 a 2.8 toneladas”.
Datos aportados recientemente por el Banco Mundial revelan que la productividad laboral en el campo mexicano creció, en los últimos 25 años, ciento por ciento, contra 400 por ciento registrado en Brasil y 140 en Colombia.
Todo esto expresa el estancamiento del sector agropecuario nacional. A esto se agrega, además, “la reducción de financiamiento al sector por la banca de desarrollo y comercial de 66 por ciento, en 1994, a sólo 11 por ciento, al cierre de 2006”.
La balanza comercial ampliada del sector rural (agroalimentaria y pesquera) cerró 2006 con un déficit de poco más de 2 mil millones de dólares.
“Es evidente que en lo que va del TLCAN se han perdido poco más de 2 millones de empleos rurales y que la migración se ha desbordado y no sólo en los estados tradicionalmente expulsores de mano de obra, como Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Durango y Chihuahua, sino en todo el país.