■ La publicación del reglamento de la ley de bioseguridad favorece a trasnacionales, afirman
“Habrá resistencia”, anuncian campesinos y ecologistas ante el aval a transgénicos
■ Alberto Cárdenas y Juan Elvira “están más preocupados en fungir como gerentes” de esas companías
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Un agricultor chino maneja sobre un inmenso conjunto de maíz. El aumento en el precio internacional de los granos y su uso como fuente alternativa de energía han propiciado la siembra de variedades genéticamente modificadas, más productivas, aunque podrían acarrear riesgos a la salud humana y el medio ambiente
Foto: Reuters
La publicación del reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, con lo cual se abre la puerta a la siembra de maíz y otros cereales transgénicos en el país, se topará con la resistencia indígena y campesina, así como con acciones legales. Ni las empresas trasnacionales –como Monsanto– ni los funcionarios que están en favor de esas semillas deben cantar victoria, asentaron dirigentes campesinos integrantes de la campaña Sin Maíz No Hay País.
“Una vez más el gobierno federal cometió una irregularidad, al no someter dicho reglamento a consideración del consejo científico y del grupo mixto de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem)”, advirtió Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo.
La publicación del reglamento –que demoró dos años y medio– no implica que, “en automático, se inicien las siembras experimentales y después comerciales de maíz transgénico, cuyas semillas son comercializadas principalmente por Monsanto. Los campesinos están dispuestos a seguir la batalla contra el maíz transgénico para que no se expidan los permisos de siembra”, agregó.
Con dicho reglamento, abundó, “el gobierno demostró que responde más a los intereses de monopolios comerciales trasnacionales que a los nacionales, y que los secretarios de Agricultura, Alberto Cárdenas, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Elvira, están más preocupados en fungir como gerentes de trasnacionales que en defender el maíz.
“Pero la sociedad defenderá dicho cultivo, que no sólo es fuente de ingresos, sino de cultura y vida de cientos de comunidades”, añadió.
En el reglamento se instruye a la Cibiogem para que, en un año, defina políticas públicas para la protección, utilización, desarrollo y aprovechamiento sustentables de las especies de las que México es centro de origen y de diversidad genética, como el maíz.
Aleyda Lara, responsable de la campaña de bioseguridad de Greenpeace, expuso que en el reglamento no se incluyen normas para los procesos técnicos de las siembras ni se menciona el registro nacional de bioseguridad. Tampoco están registrados los centros de origen del maíz.
Las autoridades consideran que con dicho reglamento se da luz verde a la siembra de maíz transgénico, pero en caso de autorizarse los permisos se violarían los artículos 2 y 86 de la Ley de Bioseguridad, en los cuales se indica que deben establecerse las zonas geográficas de origen del maíz y otras semillas, y brindar protección especial, sobre todo al maíz, antes del inicio de las siembras experimentales.
Carlos Ramos y José Narro Céspedes, dirigentes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y participantes en la campaña Sin Maíz No Hay País, subrayaron que ninguna de las propuestas presentadas por diversas organizaciones para el reglamento de dicha ley fue plasmada en el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación.