■ Se realizaría en Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Campeche y Veracruz, señala
Viable, proyecto para producir etanol en tierras hoy “ociosas”
■ Niega González Patiño que la Procuraduría Agraria promueva a la inciativa privada
■ Asegura que todo se haría según lineamientos de ley; será una ventaja para campesinos, dice
A la propuesta del Grupo Santos de invertir 12 mil millones de dólares en tierra social para sembrar caña de azúcar en un millón 500 mil hectáreas y producir 10.8 millones de metros cúbicos de etanol, la Procuraduría Agraria (PA) sostuvo que el proyecto puede desarrollarse en Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Campeche y Veracruz, donde hay tierras “ociosas”.
Rocendo González Patiño, procurador agrario, dijo en entrevista que el esquema propuesto es de renta de tierra y de asociación de los ejidatarios o comuneros interesados en participar en la propuesta del grupo Santos –tercer productor de azúcar en el país– que implica crear 60 unidades de producción de 25 mil hectáreas cada una, en donde, estima, se obtendrían 2.2 millones de toneladas de caña anualmente.
El artículo 27 constitucional, en el que se establecen los límites de propiedad de la tierra de acuerdo con su vocación y para las sociedades, no es un límite para dicho proyecto ya que se podrían establecer varias sociedades y trabajar conjuntamente; “serían como pequeñas fracciones para no violentar la ley. La PA garantizará la seguridad en las contrataciones, respetando los derechos de los ejidatarios o comuneros, y facilitará las inversiones en la propiedad social”, abundó el titular de la PA.
Dicho artículo constitucional asienta que las sociedades mercantiles no podrán poseer más de 25 veces la superficie para riego (100 hectáreas), de temporal (200 hectáreas), de agostadero (400 hectáreas), o de bosque (800 hectáreas).
El proyecto del Grupo Santos sostiene que “por la magnitud de los requerimientos de superficie y por la existencia del decreto cañero, la producción de etanol debe considerarse independiente de las necesidades de caña para la elaboración de azúcar”; además, la superficie requerida “debe localizarse en zonas propicias para la gramínea y que actualmente se utilizan para pastizales y cultivo de granos”.
La propuesta de utilizar tierras ociosas es “una ventaja para los campesinos porque tendrán una renta por la tierra y además participarían con el 40 por ciento de las acciones; asimismo habría una contraloría social del holding a través de un comisario que revisaría las cuentas de la sociedad”, expuso González Patiño.
Asentó que la autoridad garantiza que el arrendamiento durante los próximos 30 años –que podría prolongarse– sea justo para que los propietarios de la tierra tengan una utilidad con base en el arrendamiento e incorporaría una cláusula especial para que no pierdan sus tierras y aporten sus servicios.
“Cuidaremos que los convenios sean debidamente formalizados porque uno de los problemas que hay en el campo es que con el cambio de las autoridades ejidales o comunales, en algunas ocasiones, se pretende desconocer el acuerdo realizado anteriormente bajo el argumento que no se hizo correctamente”, destacó.
Explicó que la PA tiene un programa identificado como “bolsa de tierra” mediante el cual promueve la incorporación de la propiedad social a proyectos productivos; antes, revisa el expediente para que sea legal y técnicamente adecuado, en donde estén definidos con precisión los derechos de los aportadores de la tierra y que los campesinos nombren al comisario que revisará las cuentas de la sociedad. En caso de que éstos no procedan con este último paso, la PA nombrará al comisario para que en caso de liquidación de la sociedad, la tierra sea retornada a los campesinos.
La estrategia está enfocada al uso de la tierra que ya no se siembra o utiliza para la ganadería u otra actividad; “en el país hay 43 millones de hectáreas aptas para la producción agrícola, pero la mitad está ociosa y por eso hay que dar otra dirección a los proyectos, subsidios y enfocar más el interés de los inversionistas en la tierra”.
No se trata de una ocurrencia ni de que la PA se convierta en promotora de la iniciativa privada, sino de una obligación de participar en estos esquemas de desarrollo en el campo pero bajo los lineamientos de la ley graria.
La PA ya entregó al Grupo Santos los diferentes escenarios legales de asociación, correspondiendo a éste definir sus tiempos, y una vez que se tenga la respuesta, la autoridad acercará a los grupos agrarios que podrían participar en el proyecto, acotó.