■ Acusan al panista Larios de bloquear real comisión investigadora
Caso Mouriño: presentará FAP acción de inconstitucionalidad
■ Los diputados querían indagar también contratos con Pemex, CFE y LFC
El Frente Amplio Progresista (FAP) presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por haber impedido que se constituyera una comisión legislativa plural que investigue los contratos firmados por Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC) con empresas privadas.
La demanda del FAP considerará que los tres partidos que integran el frente (PRD, PT y Convergencia) solicitaron la creación de una comisión investigadora, fundada en el artículo 93 constitucional, que faculta a 125 legisladores federales (de un total de 500) a integrarla.
Juan Guerra Ochoa, diputado perredista, quien encabeza la elaboración de la acción de inconstitucionalidad, expuso que no existe impedimento legal para ampliar las pesquisas sobre Pemex, CFE y LFC.
“Nosotros cumplimos con la legalidad y en su momento solicitamos que se investigara a esas tres empresas, pero la respuesta de la Junta de Coordinación Política fue que sólo se abarcara a Pemex Refinación, excluyendo a la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro”.
El alegato que se dará a conocer a la Suprema Corte considera que la Junta de Coordinación, encabezada por Héctor Larios Córdova, diputado del PAN, violentó el texto constitucional, al formar una comisión que eliminaba de su radio de acción a las dos empresas generadoras de electricidad, restringiéndose a Petróleos Mexicanos.
“Con esto se conforma una violación a nuestras leyes fundamentales; el objeto de esas pesquisas está limitado y por tal razón la legislación federal garantiza iniciar la investigación en la CFE y Luz y Fuerza”, sostuvo.
El artículo 93 de la Constitución sostiene que la cuarta parte de los diputados federales gozarán del derecho de minoría para integrar una comisión investigadora. Ante la solicitud firmada por 137 legisladores de PRD, PT y Convergencia, el PRI y el PAN formaron una comisión distinta a la solicitada por sus promotores originales.
“Ellos sabían que si no la formaban les ganaríamos el proceso legal, y sabedores de ello también se dieron tiempo de restringir la investigación a pesar de que la Carta Magna establece que sí hay razones y fundamentos para emprender las pesquisas. El argumento del PRI y del PAN es muy pobre: nosotros no íbamos a hacer una investigación, como ellos dicen, de todos los contratos de Pemex y de la CFE, pero si fuera el caso, nosotros tendríamos el derecho”, insistió Juan Guerra.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Cultura, Emilio Ulloa Pérez, insistió en que todo el escándalo desatado en torno al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, conduce a que éste tome una decisión digna y no atienda sólo a los intereses de grupo.
“El señor Mouriño y sobre todo su jefe, Felipe Calderón, deben entender que él ya no es un interlocutor válido moral y éticamente para las fuerzas políticas en el país. Resulta inadmisible para un país como el nuestro que el Presidente de la República sea obcecado y atente contra los intereses de la mayoría de nuestro pueblo con la visión de sostener a un hombre que puede ser lo que quieran, menos honesto”.