Editorial
Intolerancia entre jóvenes
Durante las recientes semanas, en distintas ciudades del país, se han producido diversos actos de agresión contra los llamados emos, movimiento integrado en su mayoría por adolescentes que se distinguen por su comportamiento melancólico, y sobre quienes se asegura que poseen tendencias depresivas e incluso suicidas. El 7 de marzo, centenas de integrantes de otras tribus urbanas –principalmente punks y darks– se congregaron en la Plaza de Armas de Querétaro, en atención a una convocatoria lanzada por correo electrónico, con el objetivo explícito de agredir a los emos, lo que derivó en una confrontación y en la aprehensión de una veintena de jóvenes. Esa misma semana fueron enviadas en forma anónima diversas misivas por Internet que invitaban a “golpear a los emos” en entidades como Durango, Puebla, Jalisco y Sinaloa. Días más tarde, en la ciudad de México, el 14 de marzo, ocurrió otro choque tribal, lo que puso en aviso a las autoridades capitalinas: los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal advirtieron sobre la necesidad de discutir el tema, e incluso han propuesto la realización de un foro con representantes de diferentes grupos urbanos; en tanto, el mandatario local, Marcelo Ebrard, ordenó ayer a la policía capitalina salvaguardar la integridad física de los emos.
A los enfrentamientos referidos, signos inequívocos de intolerancia en sectores de las nuevas generaciones, se suman expresiones de homofobia –son recurrentes las condenas a los emos por su apariencia “afeminada”– e incitaciones a la violencia que circulan por Internet. Sin embargo, lejos de combatir la intolerancia, algunas autoridades se han encargado de apuntalarla. Tal es el caso del edil panista de Celaya, Gerardo Hernández, quien ordenó “reubicar a los emos” que se reúnen en el centro de esa ciudad, con el argumento de que “dan mala imagen”, postura sumamente reprobable, no sólo porque limita las libertades constitucionales, sino también porque constituye un acto discriminatorio y conlleva una aprobación tácita de las agresiones cometidas contra los integrantes de esa corriente.
Por lo demás, las manifestaciones de violencia entre esos grupos son síntoma de la desatención que sufren en nuestro país las expresiones culturales, políticas o sociales que, de maneras diversas, se diferencian de lo “normal”, según los parámetros de la estrecha visión de lo que es considerado como tal por el grupo gobernante. Tales expresiones no cobran importancia ante los ojos de la sociedad, hasta que estallan en forma violenta. Así sucede ahora con las llamadas tribus urbanas, pero así ocurrió también con los pueblos indígenas, cuya problemática estuvo fuera de la agenda política nacional y aun de la percepción social mayoritaria hasta que reventó el conflicto armado de 1994 en el sureste del país.
En suma, si bien son necesarias todas las providencias que las autoridades puedan tomar para evitar futuras confrontaciones, ninguna será suficiente en tanto que el gobierno y la población no asuman y promuevan una postura de respeto y tolerancia a la diversidad que caracteriza a las sociedades contemporáneas realmente democráticas.