Charco cercado, San Luis Potosí

Congreso Nacional Indígena

Contra la brutalidad calderonista

Ya son veinte las veces que se reúne la región Centro-Pacífico del Congreso Nacional Indígena (cni). Los delegados de pueblos, naciones y tribus de distintas regiones del norte, centro y sur se juntaron en las laderas de Awatsait+a (o Ciénega de los Caballos), convocados por las autoridades tradicionales de la comunidad wixárika de Tuapurie los días 8 y 9 de marzo. Fue a la intemperie, lo cual acentuó su carácter de sesión de trabajo según lo entienden los hombres y las mujeres del campo. Si bien la razón de este encuentro urgente fue la lucha de la comunidad wixárika contra una carretera abusiva e innecesaria que le quieren imponer la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Turismo y el gobierno panista de Jalisco, el CNI discutió las decenas de luchas y resistencias también urgentes en todo el país. 

El Pronunciamiento de Tuapurie, producto de dos días de deliberaciones y conversaciones colectivas, denuncia los megaproyectos en regiones indígenas, como los corredores eólicos en el Istmo de Tehuantepec que afectan a pueblos ikoot, ayuuk, zoque y binizá en Oaxaca y el territorio kumiai en Baja California, los gasoductos y regasificadoras costeras, la explotación minera, turística y de la biodiversidad en la sierra de Manantlán y en todo el país “que destruyen la madre tierra y la cultura de nuestros pueblos”.

Se analizó la difícil situación de los pueblos por la represión y la criminalización de la lucha social, ligadas a las estrategias de seguridad del gobierno de Estados Unidos “para proteger sus intereses y los del capitalismo, asumidas incondicionalmente por el gobierno mexicano”.

Se ha intensificado la guerra de exterminio contra las comunidades zapatistas y el EZLN en Chiapas. Esa guerra incluye la ocupación violenta por parte del Ejército federal, los intentos de despojo mediante procedimientos agrarios amañados, supuestos proyectos de conservación ecológica en la Selva Lacandona y la reactivación de acciones paramilitares.

La solidaridad del CNI abarca las luchas del pueblo nahua en el occidente, como en Ayotitlán, Jalisco, para frenar el despojo y la depredación por la explotación minera del Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, Los Juanes, La Gallina e Imán. También las comunidades nahuas de la Costa de Michoacán se oponen al despojo por transnacionales mineras como Ternium y las inmobiliarias hoteleras. La asamblea rechaza el desastre que en la Mesa de Palmira y La Tesorera, comunidades caxcanes, realizan mineras canadienses con participación del gobierno de Zacatecas.

“Exigimos del Tribunal Unitario Agrario una sentencia que reconozca los derechos históricos de la comunidad de Ostula en su litigio con la supuesta pequeña propiedad. Rechazamos los proyectos de Ruta Arqueológica y Tuxpan, Pueblo Mágico que mercantilizarán la cultura indígena. Manifestamos nuestro apoyo al pueblo coca de Mezcala en la defensa de su isla y el territorio invadido por el empresario Guillermo Ibarra”, añade el Pronunciamiento.

“Demandamos la liberación inmediata e incondicional de nuestros presos

políticos y el retiro del Ejército y los grupos paramilitares

de todas las regiones indígenas”

“Nos solidarizamos con la lucha de la comunidad purépecha de Zirahuén contra el grupo empresarial Ramírez, impulsor de la privatización de su lago, y el cacique Guillermo Arreola, quien ha despojado desde hace más de treinta años a la comunidad de sus tierras. Igualmente nos pronunciamos contra la ocupación ilegal de las tierras de Zirahuén y sus catorce anexos, por productores aguacateros de Uruapan. Rechazamos el proyecto que pretende despojar territorios purépecha y nahua a través del complejo carretero Lázaro Cárdenas-La Piedad y Lázaro Cárdenas-Manzanillo. Rechazamos la privatización del río Carapan y sus afluentes, así como la pretensión de privatizar las aguas subterráneas y superficiales que nacen en territorio purépecha. Denunciamos la formación de la Secretaría de Pueblos Indígenas de Michoacán como una instancia encaminada a seguir instrumentando las políticas neoliberales de exterminio de nuestros pueblos y desconocemos como integrante del CNI a su titular, el traidor Alfonso Vargas, y a su equipo de colaboradores”.

Para Oaxaca, el CNI demanda condiciones para poner fin al exilio en Canadá del maestro mixteco Raúl Gatica Bautista, la libertad de los presos zapotecos de San Isidro Aloapam, y la cancelación de más de 15 órdenes de aprehensión en su contra por defender su territorio, la cancelación de la presa El Paso de la Reina en territorio mixteco de la costa, así como la explotación minera en la región Cañada por empresas canadienses.

“Rechazamos la creación de ejidos y comunidades agrarias en la nación kumiai. Denunciamos la violación de sus derechos territoriales con la reciente instalación de un gasoducto que atraviesa su territorio. Exigimos se otorgue a los kumiai el libre paso por la frontera México-Estados Unidos por tratarse de un pueblo cuyo territorio y población se localizan en ambos países. Rechazamos la prohibición al derecho de pesca de la tribu cucapá y exigimos el respeto a sus derechos territoriales ancestrales.

“Exigimos el reconocimiento de los derechos de propiedad y posesión que corresponden a la comunidad de San Pedro Atlapulco sobre las tierras comprendidas dentro del Parque Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla. Rechazamos la construcción del megalibramiento carretero Toluca-Cuernavaca que pretende invadir y fragmentar territorios comunales de Monte de las Cruces, Huitzilac y Parque Nacional Lagunas de Zempoala. Nos solidarizamos con la lucha autonómica del pueblo amuzgo de Guerrero y denunciamos el hostigamiento permanente por parte de la presidenta municipal de Xochistlahuaca, Aceadeth Rocha. Rechazamos la reactivación del proyecto de aeropuerto en Atenco y Texcoco, la construcción de las presas La Parota, La Yesca, El Cajón y Arcediano”.

El Pronunciamiento demanda “la liberación inmediata e incondicional de nuestros presos políticos y el retiro del Ejército y los grupos paramilitares de todas las regiones indígenas”. Por último, ratifica la adhesión a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y a la Otra Campaña, y llama a los pueblos indígenas “a profundizar, junto con el pueblo de México, su resistencia anticapitalista y el ejercicio de sus derechos autonómicos”. Convoca, en fin, a fortalecer el CNI “como la casa de nuestros pueblos”. (Ojarasca).