■ Las autoridades estatales se lavan las manos; la mayoría de los casos son de la PGR, dicen
Indiferencia del gobierno de BC ante más de 1,200 desapariciones
■ Eluden aclarar la presunta participación de policías en comandos negros dedicados al crimen
■ Rechazan familiares que víctimas de levantones tuvieran relación con actividades delictivas
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Imágenes de algunas de las más de mil 200 personas que han desaparecido en Baja California durante los úntimos 15 años. Cada rostro es una historia de impunidad y desdén gubernamental Alejandro Sánchez
Mexicali, BC, 16 de marzo. El gobierno de Baja California se empeña en desconocer la existencia de levantones en la entidad, aseguró la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada de Personas y la Impunidad que, a contracorriente del desdén oficial, tiene registrados más de mil 200 desapariciones y conserva expedientes de uno de cada cuatro secuestros perpetrados en Baja California.
La asociación civil, creada en 2001, ha documentado casos desde 1993, cuando se reportó oficialmente la desaparición de un trabajador migrante.
El organismo reconoce que muchas desapariciones no se denuncian porque los familiares temen a los victimarios –en muchos casos policías o miembros de mafias– o no confían en la autoridad.
La ONG ha crecido impulsada por el deseo de conocer el paradero de cientos de bajacalifornianos levantados para infundir miedo no sólo a las víctimas y a sus familias, sino también a otros sectores de la sociedad, afirmó el coordinador jurídico de la asociación, Miguel Ángel García Leyva, quien consideró que la situación se complica cuando existen vínculos entre policías de los tres niveles de gobierno y el crimen organizado.
Añadió que la impunidad se agudizó en Baja California a partir del año 2000, cuando se reportó el mayor número de desapariciones forzadas, y se volvió crítica en 2006, con la operación de los comandos negros (grupos de secuestradores formados por policías) en los municipios de Tijuana, Rosarito y Ensenada.
El coordinador de la asociación civil en Tijuana, Fernando Ocegueda, rechazó que los casos que investigan los familiares de desaparecidos tengan vínculos con el crimen organizado o que las víctimas “hayan andado en malos pasos”.
“Estamos muertos en vida”, lamentó la coordinadora del organismo en Mexicali, Alma Díaz, quien afirmó que las autoridades están obligadas a crear una fiscalía especializada para investigar las desapariciones forzadas. Con esa exigencia, la asociación instaló un campamento permanente en el centro de gobierno de Mexicali.
Según García Leyva, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tiene alrededor de 300 denuncias por desapariciones en los cinco municipios de la entidad.
Buscan familiares y autoridades
Los activistas ha acudido al ex gobernador Eugenio Elorduy Walther (2001-2007) y al actual mandatario, José Guadalupe Osuna Millán; a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y al Congreso local.
Hace tres años solicitó infructuosamente a Elorduy Walther; al entonces secretario de Seguridad Pública estatal, Manuel Díaz Lerma, y al procurador de Justicia, Antonio Martínez Luna, que informaran sobre la existencia de comandos armados dedicados a actividades ilícitas.
En la administración de Osuna Millán, familiares de las víctimas acudieron a la PDH y, ante la indiferencia oficial, recurrieron a la protesta pública.
“Las autoridades no dan respuesta, no hacen su trabajo, pues no hay avances en las investigaciones; por eso tenemos que recurrir a otros medios”, dijo Luz María Corona, madre de Octavio Castellanos García, desaparecido en diciembre de 2007.
Socorro Balderas Rosas narró que su hijo Ricardo desapareció en abril de 2006, y la PGJE no le ha dado información alguna.
Las averiguaciones previas y los expedientes “están rezagados, olvidados”, indicó Cristina Palacios, madre de Alejandro Hodoyán, quien fue secuestrado por un comando el 5 de marzo de 1997 al salir de una oficina en el bulevar Agua Caliente de Tijuana.
En un comunicado, el 13 de marzo, el gobierno de Baja California señaló: “Un grupo de personas que se manifiestan en el Centro Cívico se negaron a reanudar el diálogo” con funcionarios estatales. Para la autoridad estatal, los manifestantes buscan que se aclaren desapariciones “ocurridas años atrás” e insiste en que se revisen asuntos ajenos a su competencia, pues la mayoría “está en el ámbito de la Procuraduría General de la República.
“Las autoridades reiteraron su disposición a escuchar sus planteamientos para, en su caso, incluirlos en la agenda del gobernador”, concluyó el escrito.
También destacó que los inconformes se reunieron en diciembre pasado con el secretario general de Gobierno, José Francisco Blake Mora, y con el procurador general de Justicia del estado, Rommel Moreño.
La Jornada solicitó infructuosamente una entrevista con Moreño para conocer la postura oficial sobre los casos registrados entre marzo de 1993 y febrero de 2008, incluido el periodo 1998-2001, cuando el funcionario fue subprocurador general de Justicia de Baja California.