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■ Calderón, ejemplo de cómo se viola la Constitución, pero hace como que la respeta
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Imagen de archivo de plataformas petroleras de Pemex en el complejo Cantarell, frente las costas de Campeche
Foto: Notimex
A pesar de su efímero paso por la Secretaría de Energía, desde marzo de 2004, como orador oficial en el 66 aniversario de la expropiación petrolera (ese mismo día el presidente Fox fijó prioridades y prefirió inaugurar la Convención de Banqueros en Acapulco), Felipe Calderón exigió “mayores inversiones en Pemex para devolverle su viabilidad… allegarle mayores recursos, sin menguar ni reducir los que para su diario sustento necesita la nación entera… no podemos aguardar a que esos riesgos se conviertan en amenazas reales; no podemos permanecer inactivos ante la evidencia de que posponer los cambios necesarios no nos permitirá crecer como país y ser competitivos a nivel mundial”. Lo anterior, dijo, “bajo la premisa indispensable del manejo honesto, limpio y transparente”.
Pues bien, ya sentado en Los Pinos ha reforzado la política gubernamental de exprimir las finanzas de Petróleos Mexicanos (en 2007 le “quitó” 103 por ciento de sus ganancias); insiste en aquello de “mayores inversiones”, aunque ahora, tímidamente, sí habla del origen de tales dineros; el manejo de la política petrolera y de su iniciativa de “reforma” ha estado por demás alejada del “manejo honesto, limpio y transparente” por él presumido y, en efecto, se mantiene “activo” para lograr la privatización del sector energético nacional. Mañana, en el acto conmemorativo del 70 aniversario de la expropiación petrolera, tiene una oportunidad de oro para oficializar su línea de acción en la materia, más allá de multimillonarios esperpentos propagandísticos.
El de Calderón, pues, es un ejemplo más de cómo, violándola, los mandatarios hacen como que respetan la Constitución. El michoacano, sin duda, se ha ejercitado en estos menesteres con el ejemplo de sus cuatro antecesores en Los Pinos, aunque ellos no son los únicos, pues en la historia reciente del país sobran enseñanzas de tales violaciones, caso concreto del artículo 27.
En 1901, cuando Porfirio Díaz expide su Ley Petrolera (regalo de Navidad de ese año), el “tesoro” estaba a flor de piel en tierra firme, y los piratas que lo explotaban eran los mismos que 106 años después zopilotean en pos de ese mismo “tesoro”, pero “escondido” en el Golfo de México. Por ello, el constituyente de 1917 claramente fijó las reglas del juego, pero debieron transcurrir ocho años, para que en diciembre de 1925 el entonces presidente Plutarco Elías Calles emitiera la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, cuyo contenido violaba las reglas de aquel constituyente.
Y esa fue la constante, hasta que el presidente Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera. Concluido su mandato, el general Manuel Avila Camacho de nueva cuenta torció el precepto constitucional, y el empresario-funcionario (que bien puedo ser padrino de Juan Camilo Mouriño) fue más allá, privilegiando los contratos de riesgo. Debieron transcurrir casi 40 años, para que se emitiera una verdadera ley reglamentaria del 27 constitucional, el penúltimo día del mandato de Adolfo Ruiz Cortines, lo que tampoco fue garantía para hacer cumplir la Constitución.
En el 32 aniversario de la expropiación petrolera, el 18 de marzo de 1970, el entonces director de Pemex, Jesús Reyes Heroles (padre del actual encargado de la misma tienda) reseñó lo que durante el alemanismo fue moneda de cambio: los ilegales contratos de riesgo para la exploración y perforación petrolera con empresas privadas, que permitían “como remuneración o pago el rembolso de los gastos o inversiones por trabajos ejecutados, sin plazo de vencimiento, con una parte de la producción que se obtuviera en los pozos perforados –el valor de 50 por ciento de los hidrocarburos producidos– y una compensación que fluctuaba entre 15 y 18.5 por ciento su valor por 25 años”. Cinco años atrás, este personaje comunicó a las empresas contratistas que “el término contractual de 15 años para exploración y perforación estaba vencido, conforme a las reformas constitucionales, de tal suerte que no existía posibilidad de renovar, prorrogar o firmar nuevas concesiones”.
Reyes Heroles (el original) informaba que el 27 de febrero de 1970 “se cerró este ciclo de la política petrolera mexicana, con la rescisión de los contratos conocidos como Pauley Noreste de exploración, producción y ventas, que abarcaban un área de 923 kilómetros cuadrados en el estado de Tamaulipas, mediante el pago de 55 millones de pesos (4 millones 400 mil dólares). Pemex había rembolsado para 1964 el total de las inversiones realizadas por los contratistas, con excepción de las correspondientes a los contratos de tierra sumergida y tierra firme, y entregaba una compensación mensual promedio de 4 millones 415 mil 360 pesos... Es así como (el gobierno de la República) sin limitaciones de ninguna especie, libera 3 mil 858 kilómetros cuadrados del territorio nacional para la explotación exclusiva de Petróleos Mexicanos en beneficio de la nación, sin necesidad de ofrecer participaciones o derechos sobre el valor de la producción del subsuelo. Con recursos propios y financiamientos normales, proseguirá, de hoy en adelante, el desarrollo y progreso de la industria petrolera”.
Treinta y ocho años más tarde, con el hijo entre los más cumplidos impulsores, Calderón y sus neo científicos quieren volver al pasado, pero hablando de futuro.
Las rebanadas del pastel
De la lectoría y el multimillonario esperpento propagandístico: “¿Es legal lo que hace el director de Pemex? Petróleos Mexicanos utiliza spots televisivos para promocionar cambios legales que permitan compartir ganancias en la explotación del petróleo, con las empresas privadas extranjeras. El director de Pemex, Jesús Reyes Heroles González Garza, debería tener claro que su obligación como funcionario es respetar las leyes vigentes: es ilegal que con recursos públicos pretenda crear una corriente de opinión favorable a las ´reformas´ que quieren efectuar en la Constitución. Su obligación es aportar datos completos y fiables que permitan a los ciudadanos diagnosticar la situación real de Pemex, y sus opciones de desarrollo futuro de mediano y largo plazos” (José Luis Apodaca Villarreal, [email protected]).