Editorial
SME: descalificación o solución
A unas cuantas horas de que venza el emplazamiento a huelga en Luz y Fuerza del Centro (LFC) –previsto para mañana al mediodía–, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) rechazó ayer un nuevo ofrecimiento de 3 por ciento de aumento salarial. Tanto la compañía como la representación sindical han confiado en que llegarán a un acuerdo; sin embargo, se sabe que la paraestatal ha comenzado a preparar un plan de contingencia, que consiste en movilizar a alrededor de mil 500 trabajadores de confianza para que se hagan cargo de las subestaciones de electricidad y mantengan en funcionamiento el servicio de bombeo de agua potable y aguas negras, así como garantizar el suministro de electricidad para el Sistema de Transporte Colectivo/ Metro de esta capital. Por su parte, la titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, aseguró ayer ante representantes del sector empresarial que el gobierno de Felipe Calderón está preparado para intervenir en LFC en caso de estallar la huelga anunciada por el sindicato.
Sin duda, un paro de labores de los trabajadores electricistas afectaría severamente la vida de habitantes de la zona centro del país. Por tanto, es deseable que el SME y LFC logren un acuerdo que garantice la viabilidad de una región en la que se encuentra el corazón político y económico de la nación. La solución de este conflicto laboral, sin embargo, debe partir del pleno reconocimiento de los derechos de los trabajadores –incluido el derecho de huelga–, así como de una disposición de la parte patronal –en este caso de LFC, dependiente del gobierno federal– para escuchar y atender sus demandas. La amenaza de requisa del gobierno federal y las insinuaciones del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, en el sentido de que el cumplimiento de las demandas del SME representaría un lastre adicional para la paraestatal, no parecen abonar a la solución del conflicto, y en cambio confirman la tendencia, característica de la administración en turno, de desoír y darle la vuelta a las demandas de los distintos sectores de la población en lugar de atenderlas.
Debe señalarse que las negociaciones entre los trabajadores electricistas y el gobierno tienen como telón de fondo una agresiva campaña mediática que pretende presentar a los agremiados al SME como un sector privilegiado, oneroso, ineficiente y culpable principal de las deficiencias en el suministro eléctrico, lo cual es por lo menos cuestionable, habida cuenta de que la administración de LFC depende del gobierno federal. Por tanto, si la paraestatal es, como afirma Lozano Alarcón, “insostenible en el mediano plazo”, ello se debe en buena medida a la astricción presupuestaria a la que las recientes administraciones la han sometido.
En cambio, estas descalificaciones parecen obedecer a criterios políticos, con el objeto de desprestigiar, ante los ojos de la opinión pública, a uno de los principales sectores opositores a las políticas energéticas neoliberales, orientadas a la privatización de la industria eléctrica y de hidrocarburos. Esto es particularmente relevante justo ahora, cuando se espera que el gobierno federal presente un paquete de reformas en materia energética, en el que al parecer se incluirá una propuesta para abrir Petróleos Mexicanos al capital privado, así sea por medio de subterfugios legales y al amparo de eufemismos como “apertura”, “fortalecimiento” o “modernización”.