Editorial

Coro de insidias contra la UNAM

A raíz de la agresión perpetrada por el gobierno colombiano en territorio de Ecuador, en la que fueron muertos, además de varios integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuatro jóvenes mexicanos, y en la que resultó herida una universitaria de nuestro país, en distintos medios informativos se ha desarrollado una campaña de señalamientos dolosos contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a la que diversos opinadores, esgrimiendo declaraciones de fuentes policiales y supuestas filtraciones de servicios de inteligencia, describen como nido de guerrilleros y semillero de adeptos para la organización armada sudamericana.

El barullo no es nuevo. Ya en las postrimerías del sexenio foxista, un embajador del gobierno de Álvaro Uribe arremetió contra nuestra máxima casa de estudios por el hecho de que algunos de sus alumnos expresaban abiertamente su simpatía con las FARC, y su impertinencia encontró algún eco mediático. Ahora, a raíz de la cruenta incursión militar colombiana del mes pasado en suelo ecuatoriano y de las víctimas mexicanas que cobró, la campaña contra la UNAM ha retomado impulso, y la opinión pública nacional se ve sometida a un bombardeo de comentarios en los que, de una o de otra manera, se asocia el nombre de la universidad con clandestinidad, guerrilla, terrorismo y narcotráfico.

La determinación de presentar como delincuentes a los jóvenes mexicanos que se encontraban en el campamento atacado prevalece sobre la preocupación y el rechazo ante una agresión injustificable y bárbara que, por añadidura, se cobró la vida de varios connacionales. A las bombas homicidas lanzadas por los soldados de Álvaro Uribe se suman las bombas mediáticas que ponen al descubierto supuestas conexiones de los entornos universitarios nacionales con movimientos insurgentes del extranjero y hasta con cárteles del tráfico de drogas.

En términos objetivos, la andanada criminaliza el ejercicio de la libertad de pensamiento, de expresión y de acción política de los estudiantes y presenta como delito –que en las leyes nacionales no lo es– el hecho de solidarizarse con alguno de los bandos en pugna en un conflicto extranjero. Significativamente, la campaña de linchamiento periodístico de las víctimas mexicanas en Ecuador armoniza con las tendencias autoritarias y represivas del grupo en el gobierno y denota una uniformidad discursiva característica de la supeditación informativa a los poderes institucionales y fácticos.

En otra vertiente, el coro mediático referido sintoniza en forma significativa con los nunca depuestos empeños de la oligarquía neoliberal y privatizadora por disminuir a la máxima casa de estudios y a la generalidad de las universidades públicas del país. Si no se ha podido demostrar que en ellas los planes de estudio son laxos y que sus maestros y estudiantes son intrínsecamente holgazanes, ahora se sugiere que son refugio y plataforma de organizaciones guerrilleras foráneas o nacionales.

Por último, es lamentable y vergonzoso que, ante un acto inequívocamente agresor en cuyos saldos hay varios jóvenes mexicanos muertos y heridos, en el ámbito informativo nacional se levante no un clamor de indignación y repudio, sino un coro de insidias contra las víctimas y contra la institución docente a la que están o estuvieron adscritos.