■ Exige el Parlamento Europeo a las FARC liberar “cuanto antes” a todos los rehenes
Desestima José Miguel Insulza la posibilidad de nueva escalada entre Ecuador y Colombia
■ El secretario general de la OEA concluyó su visita a ambos países para escuchar a sus gobiernos
Bogotá, 12 de marzo. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, concluyó hoy su visita a Ecuador y Colombia para escuchar a ambos gobiernos acerca del operativo militar colombiano en territorio ecuatoriano, en el que fue abatido el comandante guerrillero colombiano Raúl Reyes, lo que desencadenó una crisis diplomática.
Al presentar un balance de su recorrido por la frontera, Insulza destacó en Bogotá la cooperación que recibió de los dos gobiernos y desestimó la posibilidad de otra escalada diplomática entre ambas naciones, pese a las versiones encontradas que sobre este hecho recibió de cada lado.
Indicó que elaborará un informe de lo que halló, documento que revelerá el próximo lunes.
En una conferencia de prensa en la sede de la cancillería, el secretario general de la OEA aseguró que también hubo puntos de acuerdo entre ambos gobiernos.
“Hay puntos que hemos dilucidado y en los que hay suficiente acuerdo, por ejemplo, el carácter que tenía el campamento y las razones que hay detrás del ataque”, apunto el funcionario.
Además, afirmó, “existen elementos de cooperación” entre las partes en la lucha contra el terrorismo, y que uno de los objetivos buscados es que hechos como los ocurridos no vuelvan a repetirse.
Antes, Insulza se encontró en la sede presidencial con el mandatario colombiano Álvaro Uribe, quien le entregó documentos y material hallado en el campamento bombardeado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en Ecuador, donde fue muerto Reyes.
En Estrasburgo, el Parlamento Europeo exigió que todos los rehenes en poder de las FARC sean puestos en libertad “cuanto antes” debido a su difícil estado de salud, y citó al respecto el caso de la política franco-colombiana Ingrid Betancourt.
En tanto, los familiares de cinco misioneros de Estados Unidos asesinados en la década de 1990 a manos de las FARC presentaron una demanda contra la bananera estadunidense Chiquita Brands, que admitió no sólo hacer pagos a los paramilitares de derecha sino también a los rebeldes.