■ Los 12 indígenas aseguraron ser acosados por la Opddic y mediante el Procede
Encarcelados por defender sus tierras, inician huelga de hambre en Chiapas
■ El ex diputado priísta Pedro Chulín Jiménez los acusa de secuestro y extorsión
Llevan 20 meses en la cárcel de Playas de Catazajá, Chiapas. Son 12, contando una mujer presa en San Cristóbal de Las Casas. Unos se reivindican zapatistas, otros del Partido de la Revolución Democrática. Todos tzeltales. El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) y los paramilitares armados de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) en Busiljá (Ocosingo) les están arrebatando sus tierras. Ellos lo llaman su “sufrimiento agrario”, y se declararon en huelga de hambre.
Los problemas empezaron el 13 de junio de 1997, cuando un grupo de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de la región Justicia y simpatizantes fueron desalojados por los priístas, quienes asesinaron a dos niños e hirieron a dos pro zapatistas. Fidelino Sánchez López, de 12 años, fue secuestrado en la comunidad Bautista, y liberado por su propio padre, “arriesgando sus vidas”. Rogelio Sánchez Gutiérrez, de 13 años, fue trasladado por las autoridades a Tuxtla Gutiérrez.
Al niño Simón Sánchez López le dispararon en la cabeza. “La gente de Busiljá no lo sepultó, se quedó en la calle y fue comido por perros y zopilotes”. El menor Elisardo Sánchez Gutiérrez falleció cuando entraron en la comunidad efectivos del Ejército federal “para que los priístas nos quitaran nuestras tierras”, dicen. Dos zapatistas fueron encarcelados y luego liberados.
El mismo día 13 el grupo paramilitar del ejido Busiljá secuestró a Susana Sánchez y a su hijo de dos meses; fueron amarrados en el campo deportivo en pleno sol durante tres días sin comida ni agua. Mientras Susana estaba secuestrada, su padre, Esteban Sánchez López, fue conducido al campo de futbol “para darle muerte”. Lo amarraron con un lazo del cuello. “Afortunadamente la portería se rompió”. Luego, los condujeron a la cárcel distrital de Ocosingo. Ellos son simpatizantes del EZLN.
Quince familias fueron expulsadas el 7 de julio. “Los gobernadores Julio César Ruiz Ferro y Roberto Albores Guillén nunca nos brindaron apoyo, como indígenas desplazados de nuestra comunidad por no participar en el desalojo de Nicolás Sánchez Gómez, quien murió el 13 de mayo de 1998 en la comunidad, pues “quedó secuestrado” por los priístas Tomás López Sánchez y Benjamín Gómez Sánchez.
Ocho años después volvieron a Busiljá. El 22 de febrero de 2006, la gente de Benjamín Gutiérrez capturó en su casa a Pablo Gutiérrez Hernández. “Lo llevaron a la casa ejidal, en presencia de Pedro Chulín Jiménez, quien ordenó a su gente de Opddic que si no decía ‘dónde está el campamento de los zapatistas’ lo iban a quemar vivo con gasolina, con toda su familia. Luego decidieron secuestrarlo, subiéndolo en una camioneta propiedad de Calixto Gómez Sánchez. Eran 14 personas. Todo el día lo tuvieron en el crucero La Herradura. Mientras tanto, los priístas empezaron a discutir fuertemente entre ellos. De repente, Alonzo López Pérez disparó a Ermelino Gómez Sánchez, y Manuel Moreno Guzmán disparó a Pablo”. Ambos fueron abandonados en el monte.
Sus familias encontraron muerto al primero; herido y sin conocimiento a Pablo. Le tomó ocho meses recuperarse en San Cristóbal. “Cuando se sentía un poco mejor decidió visitar a su mamá en Busiljá, y allí, sin ninguna orden de aprehensión, lo arrojaron a la camioneta de los judiciales, golpeándose con un trozo de madera. Lo golpearon sin compasión por la herida de bala que tiene en la cabeza. Tanto el Ministerio Público como el subprocurador Walter Culebro tenían información sobre los hechos; aún así lo consignaron rápido, y fue enviado al Cereso 17, en Catazajá”.
Allí sigue, sin atención médica. Su estado de salud es grave, porque la bala sigue en el cráneo. En julio de 2006 fueron detenidos y torturados los demás indígenas ahora en huelga de hambre. Los acusan de secuestro y extorsión, “los delitos están fabricados por priístas encabezados por el ex diputado Chulín Jiménez”.
Piden al gobierno de Juan Sabines que los escuche. “Nuestra lucha es con todo lo que da nuestro corazón. Si hemos de morir, no será por asesinos, extorsionadores o secuestradores sino por la mala impartición de justicia”.