■ Comisión especial interpondrá controversia
Buscan diputados que no se proteja más a Fox
León, Gto., 12 de marzo. Debido a la “opacidad y falta de voluntad” de instituciones públicas en cuanto a entregar documentación “que se considera confidencial o protegida por el secreto bancario” a la comisión legislativa especial de seguimiento a las denuncias presentadas por el presunto ejercicio indebido de servicio público en la Presidencia de la República durante la gestión de Vicente Fox, este organismo interpondrá una controversia constitucional por la cual el Poder Legislativo pueda solicitar dicha información al Ejecutivo.
El presidente de la comisión, Víctor Valencia de los Santos, anticipó que el organismo analiza llamar a comparecer al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, debido a que “era empleado del señor Fox en el sexenio pasado. Por tanto, esta comisión tiene derecho y está facultada para investigar lo que está vinculado con todos los funcionarios que en el gobierno de Vicente Fox estuvieron colaborando con él; directa o indirectamente hay una corresponsabilidad y están vinculados con el tema”.
En conferencia de prensa, el diputado priísta Valencia de los Santos explicó que la controversia constitucional se interpondrá debido a que el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el Infonavit, Petróleos Mexicanos y la Dirección General de Aduanas, entre otros organismos, no han entregado documentación a la comisión especial, o “no nos han entregado la información completa y sólo nos dan cajas para llenar la fotografía, pero lo sustantivo, lo fundamental para poder comprobar las denuncias que hay por todos lados no lo entregan”.
Parte de las pistas que sigue la investigación, reveló a su vez el diputado Antonio Xavier López Adame –también presente en la entrevista–, se encuentra en “contratos que suscribió Vicente Fox Quesada cuando era presidente de México, por los que cobraba por servicios profesionales. Uno asciende a 3 millones de pesos y lo que queremos saber es a quién le prestaba servicios profesionales el presidente de la República; el hecho es que necesitamos comprobar lo que es un secreto a voces”.