■ Aprueban consejeros reglas de propaganda, pese a la oposición de PRI y Nueva Alianza

Gómez Alcántar: abre el IFE vía al financiamiento privado de campañas

■ Las nuevas normas darán certidumbre a la actuación del instituto, de acuerdo con Leonardo Valdés

Alonso Urrutia

Con la oposición de PRI y Nueva Alianza, el Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó el reglamento de propaganda institucional y político-electoral de servidores públicos, mediante el cual se fijan criterios para proceder contra funcionarios que se promocionen con recursos públicos.

El aval se dio con las fuertes críticas del consejero Marco Antonio Gómez Alcántar, quien señaló que los términos finales del acuerdo son “a todas luces ilegales”, porque se abre la puerta a la promoción con dinero privado.

Para el priísta Sebastián Lerdo de Tejada, “la autoridad se está excediendo en sus atribuciones al emitir un reglamento de estas características, por una sencilla razón: porque si nos encontramos un servidor público que lo pretenda impugnar, el riesgo de una resolución con estos argumentos de la instancia jurisidiccional, contraria al reglamento, enviaríamos un pésimo mensaje a la sociedad”.

En su oportunidad, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, adujo que el citado reglamento estaba plenamente apegado a la Constitución y a la ley. Sostuvo que con la aprobación se otorgaba certidumbre a la actuación del organismo, y a partir de su entrada en vigor se posibilitaría el desahogo de quejas relacionadas con la promoción personal de servidores públicos con dinero público, e incluso con el inicio de procedimientos de oficio por el IFE.

Es una “contrarreforma”

Las críticas más fuertes no provinieron de los representantes del PRI y Nueva Alianza, sino, paradójicamente, de uno de los promotores originales del acuerdo, el consejero Gómez Alcántar, para quien el reglamento aprobado representa una “contrarreforma, una violación directa a la Constitución”, y dista de la propuesta presentada, además de que no aporta “absolutamente nada”.

A las descalificaciones por la posibilidad de que el financiamiento privado de publicidad interfiera en las campañas, añadió críticas sobre la imposibilidad de sancionar a servidores públicos, pues consideró insuficiente que el IFE remita sólo a actos anticipados de campaña. Argumentó que esto sólo operará para candidatos federales, pero no para alcaldes que busquen una diputación local.

En favor del reglamento hablaron el resto de los consejeros, y solamente Virgilio Andrade coincidió en señalar que la prohibición expresa de la publicidad de funcionarios “con recursos públicos” dejaba la puerta abierta a la publicidad privada, por lo que debería modificarse esa restricción, aunque exaltó los alcances del reglamento.

Por su parte, el representante del PRD, Rafael Hernández, coincidió en que la disposición relativa a explicitar que el reglamento se relaciona con “recursos públicos” permitiría que funcionarios “cínicos” como el director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, se promocionen.

Dijo que el citado servidor se escuda en haber pagado con dinero propio la distribución de cartas con el logo institucional en su pretensión de colocarse como candidato a la gubernatura de Veracruz.

En su oportunidad, el representante del PAN, Roberto Gil, planteó que “este acuerdo no incluye mecanismos para sancionar a servidores públicos, sencillamente por la razón de que la ley no faculta al IFE para sancionarlos”. Sin embargo, apuntó, existe el régimen de vistas para notificar a las autoridades competentes en materia de responsabilidad administrativa, política y penal, además de que también a los partidos políticos, de conformidad con sus normas internas, pueden sancionar a quienes infrinjan las normas.

Conforme a la versión definitiva del reglamento, se incorpora –si bien no explícitamente– a los legisladores al régimen de restricciones, al señalarse que están incluidos los “servidores públicos de los poderes federales”, entre otros.

Asimismo, se hace patente que fuera de los procesos electorales –a los cuales algunos partidos pretendían reducir su ámbito de actuación en este rubro– el IFE operará mediante el régimen ordinario regulado por el Cofipe, es decir, mediante quejas o de oficio.

Durante los procesos electorales se utilizaría un procedimiento especial sancionatorio con la posible aplicación de medidas cautelares para retirar publicidad, sin menoscabo de que se pueda dar vista a las autridades correspondientes por supuestas responsabilidades penales o políticas.

En el caso de las sanciones se hace alusión expresa a los actos anticipados de precampaña o campaña, con las consecuencias del caso, es decir, llegado el momento, la posibilidad de cancelar el registro de un funcionario que se haya promocionado con recursos públicos y pretenda convertirse en candidato.