■ Ya se abrió una averiguación, dice la PGR
Mouriño, obligado a renunciar: diputados
■ A la larga, afectará a Calderón, sostienen
■ Sólo muestra interés por el poder, señalan
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Diputados de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia –integrantes del Frente Amplio Progresista–, durante la toma de tribuna, ayer, en el Palacio Legislativo de San Lázaro
Foto: Francisco Olvera
La determinación de Juan Camilo Mouriño de seguir al frente de la Secretaría de Gobernación provocó agrias críticas de diputados de PRD, PRI, PT y Convergencia. Señalaron que con el argumento de trabajar por México, el funcionario sólo muestra un desaforado interés por conservarse en el poder, y consideraron que su permanencia en el cargo terminará por afectar los intereses de su jefe, Felipe Calderón.
La dirigencia nacional del PRD señaló que Mouriño debe renunciar, porque ya no puede ser interlocutor con los partidos; mientras algunos gobernadores perredistas restaron importancia al asunto.
A petición de Mouriño, la Procuraduría General de la República (PGR) informó anoche que inició una averiguación previa para esclarecer si el funcionario, “en su carácter de servidor público, supuestamente ha beneficiado a empresas particulares”. En un comunicado, la dependencia reiteró “su firme convicción de que en éste, como en cualquier asunto, debe prevalecer el derecho”.
Calderón confía en Mouriño: AN
Al igual que en días recientes, ayer la dirigencia nacional del PAN arropó otra vez al secretario de Gobernación al señalar que no ha cometido ningún acto ilegal y que tiene toda la confianza del presidente Calderón.
El presidente de la Comisión de Cultura en San Lázaro, Emilio Ulloa, afirmó: “ese hombre ¡ya está tocado! El señor Mouriño es un pillo de siete suelas, un sinvergüenza que pronto tendrá que abandonar la posición de privilegio que ocupa, porque sólo acarreará, con el tiempo, un enorme daño a su jefe”. Agregó que Calderón “sostendrá, a pesar del precio que tenga que pagar el país, a su secretario de Gobernación; nunca dará gusto a Andrés Manuel López Obrador, pues nunca le cortará la cabeza”.
El perredista Juan Guerra Ochoa manifestó que Mouriño se sostiene en el cargo gracias al respaldo que televisoras y empresas de radio le han otorgado; pero esos medios de comunicación no actúan movidos por solidaridad ni por buena fe. Seguramente ya entablaron una negociación inconfensable con el funcionario a cambio de mantenerlo en el poder.
El priísta Samuel Aguilar dijo que su partido no ha convenido “en respaldar al secretario de Gobernación, porque está obligado a responder a la sociedad; quizá los contratos que firmó fueron legales, pero no son éticos”.
El diputado Silvano Garay, del PT, reprochó al titular de Bucareli “no haber asumido una decisión valiente; optó por mantenerse en el poder sin prever que entre más tiempo pase más posibilidades habrá de encontrar nexos directos entre los intereses de la familia Mouriño y los de Calderón Hinojosa”.
El presidente del PRD, Leonel Cota, exigió la renuncia de Mouriño, porque ya no puede ser interlocutor con los partidos. Enfatizó que la presunta legalidad de los documentos es algo que debe aclarar la comisión legislativa que se integró ayer en la Cámara de Diputados y llegar al fondo del asunto.
Leonel Godoy, gobernador de Michoacán, señaló que los secretarios de Estado siguen siendo interlocutores con las fuerzas políticas; su par de Guerrero, Zeferino Torreblanca, dijo que el tema para el PRD son las elecciones del próximo domingo y no la suerte de Mouriño, y la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, rechazó hablar sobre el tema.
El secretario general del PAN, Guillermo Anaya, pidió que la comisión creada ayer no sea utilizada para golpear políticamente, sino para llegar a la verdad jurídica. Agregó que en su partido ya sabían que Mouriño firmó siete contratos, y destacó que López Obrador los está dando a conocer uno por uno para usarlos políticamente.
Dijo que el PAN está convencido de que no hubo ningún acto ilegal en la firma de dichos documentos, por lo que Mouriño debe permanecer en el cargo.
Acerca de la documentación que Mouriño entregó a la Secretaría de la Función Pública, la dependencia indicó que no tiene plazo para concluir la investigación.
Los partidos del Trabajo y Convergencia señalaron que, independientemente del deslinde mediático que ofreció ayer, Mouriño está obligado a separarse del cargo si pretende demostrar su inocencia ante las acusaciones que pesan en su contra por presunto tráfico de influencias.
Se pronunciaron porque el jefe del Ejecutivo federal emita una posición pública sobre el tema, ya que se trata de acusaciones contra un funcionario que ha sido su subordinado directo.
El grupo civil Flor y Canto indicó que las acusaciones por probable tráfico de influencias que pesan contra Mouriño demuestran la “connivencia” del poder económico y político en la administración de Calderón.
R. Garduño, E. Méndez, C. Pérez, A. Muñoz, G. Saldierna, E. Velasco y G. León