■ Incondicionales de Mouriño en Pemex y CFE, la estrategia, dice

Presenta Navarrete expediente sobre el conflicto de intereses

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Como parte de una estrategia diseñada desde que estuvo en la Oficina de la Presidencia para colocar a sus empresas en situación privilegiada y que pudieran beneficiarse de la pretendida privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), el ahora secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, colocó a incondicionales en puestos claves de la paraestatal y otras dependencias, advirtió el coordinador perredista en el Senado, Carlos Navarrete.

Luego de presentar ante la Junta de Coordinación Política de esa cámara un amplio expediente que prueba el grave conflicto de intereses en que ha incurrido el responsable de la política interior, recalcó que los contratos dados a conocer hasta ahora “son apenas la punta del iceberg” del negocio multimillonario que el grupo en el poder pretende al abrir Pemex al capital trasnacional.

El expediente incluye contratos que dejan ver con claridad cómo las empresas de la familia Mouriño crecieron a partir del pasado sexenio y hasta la fecha, desde que éste ocupó diversos cargos en el sector energético; asimismo, su negativa a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales desde 2004, y la presencia de gente cercana en puestos importantes de la administración pública relacionados directa o indirectamente con Pemex.

Mencionó el caso de Karim Elías Bobadilla, amigo cercano de Mouriño, originario de Campeche, quien es el titular del órgano interno de control de la paraestatal, entre cuyas funciones se encuentra “la administración de bienes materiales, auditorías, investigación de delitos, labor de supervisión, licitaciones y adjudicaciones de contratos de bienes y servicios”.

Elías Bobadilla no tiene experiencia en el sector público, pero colaboró con el padre de Mouriño en el Grupo Energético del Sureste. Su hermana María Alejandra es subdirectora en la Procuraduría de Protección al Ambiente en Campeche, y su esposa, Karla del Carmen Pérez Marrufo, es coordinadora de Fomento de Asociaciones de Consumidores de Profeco. Los últimos cargos tienen que ver con garantizar la protección para operar 39 gasolineras.

Navarrete dijo que demandarán la comparecencia de Karim Elías Bobadilla, ya que es pieza central del operativo montado desde la Oficina de la Presidencia de la República para “colocar a las empresas del señor Mouriño en posición estratégica, para que sean la parte mexicana que se habrá de aliar con las trasnacionales que firmarán los grandes contratos de exploración y de perforación”, luego de la pretendida privatización de la industria petrolera.

Insistió: “La familia Mouriño colocó a Karim Elías Bobadilla en el lugar adecuado en Pemex para que valide las licitaciones, los contratos y asignaciones, una vez que el gobierno logre los cambios legales que permitan las llamadas alianzas estratégicas con corporaciones extranjeras.

El expediente incluye contratos otorgados por Pemex a Ivancar, Grupo Ges, Franquicias Ges, en los que se percibe con claridad cómo se fortalecieron las empresas de los Mouriño a partir de la incursión de éste como servidor público, ya que de contratos de entre 252 mil y 630 mil pesos, que firmaban antes de 2000, pasaron a otros de entre 23 y 39 millones de pesos en 2007.

Otro dato, Constructora Escalante, propiedad del suegro de Mouriño, que perdía la mayoría de las licitaciones en que participó hasta 2004, “y las que ganaba eran por pocas cantidades”, en 2007 obtuvo contratos por 163 millones de pesos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Con toda esa información, agregó Navarrete, existen elementos suficientes que justifican la creación de una comisión investigadora en el Senado, asunto que, informó, aún no debe descartarse.

Sin embargo, el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, reiteró que no es conveniente una réplica de la comisión que se instalará en la Cámara de Diputados y que lo mejor es que la denuncia contra Mouriño se presente en la Procuraduría General de la República.

Los documentos que “de manera sorpresiva” se pusieron en conocimiento del Senado, serán analizados, agregó Beltrones Rivera, por los grupos parlamentarios, a fin de hacer valer que no se garantice la impunidad de nadie, “pero también estar seguros de que no formamos parte de un linchamiento”.