■ Asegura que continúa como interlocutor del gobierno con las diversas fuerzas políticas

No renuncio; “sigo firme” en el proyecto del Presidente: Mouriño

■ En conferencia de prensa en Bucareli anuncia que puso a disposición de PGR, SFP y Congreso copias de los siete contratos que firmó entre diciembre de 2000 y enero de 2004

Fabiola Martínez

Juan Camilo Mouriño Terrazo, titular de la Secretaría de Gobernación (SG), dijo que no renunciará a su cargo y –por el contrario– aseguró que continúa como interlocutor del gobierno calderonista con “las diversas fuerzas políticas” del país.

–¿Puede usted seguir siendo un secretario de Gobernación útil? –se le preguntó.

–Por supuesto que puedo y sigo adelante en mis funciones (…) Los problemas de México son los mismos que existían antes de que todo esto iniciase. Y la responsabilidad que tenemos de resolverlos y la determinación que tenemos de hacerlo, la convicción con la que trabajamos, sigue siendo la misma (…) Sigo trabajando firme y hacia delante en el proyecto del Presidente y en el proyecto de México.

Luego de que Andrés Manuel López Obrador diera a conocer (el 24 de febrero pasado) la existencia de contratos firmados entre Pemex y Transportes Especializados Ivancar (en el periodo en que Mouriño se desempeñaba simultáneamente como apoderado legal de esa empresa y funcionario público), el secretario de Gobernación anunció que puso ayer a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de las juntas de Coordinación Política del Congreso de la Unión copias de los siete contratos que firmó entre diciembre de 2000 y enero de 2004.

El funcionario se presentó este martes ante los medios de comunicación acompañado por sus más cercanos colaboradores (incluidos subsecretarios, comisionada del Instituto Nacional de Migración y oficial mayor) para mostrar documentos acerca de la relación mercantil entre Pemex y la empresa propiedad de su familia. El espacio, en la sala de conferencias de la SG, prácticamente resultó insuficiente para dar cabida, al lado del podio, a los funcionarios que fueron a arropar a su jefe.

Por novena ocasión (el 28 de febrero lo hizo en un mensaje de dos cuartillas, y una semana después en una entrevista para la televisión y seis para estaciones de radio) repitió que en su participación en la firma de contratos no hubo conflicto de intereses ni incurrió tampoco en tráfico de influencias. En entrevista para Televisa –el 6 de marzo pasado– aseguró que la firma de los contratos era “legal” y ética.

Reiteró su versión con base en dos argumentos principales: que la empresa familiar celebra contratos con Pemex para el transporte de combustible, de manera ininterrumpida desde 1985, y que sus atribuciones como funcionario público no estaban relacionadas con la operación comercial de Pemex Refinación, ni con las actividades de transporte de la paraestatal.

Señaló que las acusaciones por presunto tráfico de influencias son hechos infundados y tienen una clara intención política de quienes –dijo– prefieren mantener el debate en el ámbito de la opinión pública.

“Quienes se sirven de esta información para crear una historia dolosa, lo hacen con evidente propósito político: pretenden evadir la discusión de los temas de fondo de este país y se empeñan en detener la marcha de un gobierno plenamente decidido a atender los asuntos más apremiantes de la sociedad”.

Insistió en que nunca intervino, como servidor público, en acto alguno que representara un beneficio económico para él o su familia, de ahí que rechazó alguna violación a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o el Código Penal Federal. Agregó que no hay más contratos, además de los siete a los que hizo referencia ayer.

Mouriño Terrazo se presentó ante la prensa con una carpeta blanca en la que, dijo, se encuentran los documentos que entregó a las dependencias y a los órganos de gobierno de las cámaras de Diputados y Senadores.

Emitió, en 12 puntos, la explicación acerca del desarrollo contractual de Ivancar con Pemex, y repitió que esa información es transparente y, por ello, es pública para cualquier ciudadano que la requiera, a través de Transparencia (Mexicana) o el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. “Soy el principal interesado en aclarar estos hechos”, sostuvo.

Señaló que hasta la fecha no ha sido presentada denuncia alguna ante las instancias competentes “y, sin embargo, quienes me acusan prefieren mantener el debate en el ámbito de la opinión pública, con una clara intención política”.

En el México de las instituciones –agregó– corresponde a las autoridades determinar si una conducta constituye una infracción a la ley. En el oficio solicita al procurador Eduardo Medina Mora y al titular de la SFP, Salvador Vega, analicen los documentos “de acuerdo con sus atribuciones”, entre éstos los convenios para la prestación de servicio de transporte terrestre en los años 2000-2004.