■ El ex candidato presidencial reta a Felipe Calderón a “dar la cara” en este asunto

Exhibe AMLO otros dos contratos firmados por Mouriño con Pemex

■ Los convenios fueron otorgados sin licitación y corresponden al 20 de diciembre de 2000 y la misma fecha de 2001

■ Transporte de productos derivados del petróleo, el rubro del negocio

Alma E. Muñoz

Andrés Manuel López Obrador exhibió ayer dos contratos más firmados por Juan Camilo Mouriño como apoderado legal de su empresa familiar, Transportes Especializados Ivancar, con Petróleos Mexicanos Refinación, cuando era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

El ex candidato presidencial emplazó al secretario de Gobernación a demostrar, con documentos en mano, que cuando ingresó al servicio público dejó de ser socio o apoderado legal de la empresa y por tanto no incurrió en tráfico de influencias. Asimismo, a Felipe Calderón lo retó a “dar la cara” en este asunto.

Dio a conocer, en conferencia de prensa, que los convenios fueron otorgados sin licitación y signados por Mouriño e Irma Alejandra Rodríguez Baeza, gerente de Transporte Terrestre de Pemex Refinación, el 20 de diciembre de 2000 y la misma fecha de 2001, para que Ivancar transportara productos derivados del petróleo por año, en cada caso. Eso representó para la familia del funcionario montos contratados, en conjunto, por un mínimo de 5 millones 893 mil 851 pesos y hasta 14 millones 709 mil 627.

Por otra parte, López Obrador aseguró que ya se cuenta con más de los 125 diputados necesarios para integrar la comisión investigadora en el Congreso y que se realicen auditorías a todo el sector energético, porque los documentos se firmaron –indicó– violando flagrantemente las leyes mexicanas, y porque detrás está “el interés concertado de este grupo con empresas extranjeras para apropiarse de la renta petrolera”. Aunque Mouriño quisiera –expuso– que fuese una dependencia que “ellos controlan” la que investigara, para que “no pasara nada”.

Pasadas las 11 de la mañana, el dirigente se presentó ante los medios en sus oficinas ubicadas en la calle San Luis Potosí, en la colonia Roma, para engrosar la carpeta que entregó el 24 de febrero pasado a los coordinadores parlamentarios del Frente Amplio Progresista –PRD, PT y Convergencia–, la cual contenía tres convenios signados por Mouriño como diputado y subsecretario de Energía, cuando Calderón era titular de esta secretaría. En todos los casos, los contratos fueron otorgados sin licitación, es decir, por el procedimiento de adjudicación directa, y abarcan cuatro años, de 2001 a 2004.

Con la exhibición de los documentos se demuestra –aseguró– el tráfico de influencias “que han ejercido quienes ahora están promoviendo la privatización de Pemex. Además de que ya entregué minutas de la compra de gas a la empresa española Repsol, por 15 mil millones de dólares, en 2007”.

López Obrador insistió en que detrás de la firma de los convenios “está ese afán privatizador, los negocios tanto del grupo del que forma parte Mouriño como de petroleras extranjeras”. Advirtió que tiene información sobre un acuerdo entre las cúpulas del PRI, Calderón y el secretario de Gobernación para presentar la reforma energética, “regresando de Semana Santa, el martes 25 de marzo”.

Parte del acuerdo entre el senador priísta Manlio Fabio Beltrones con Mouriño, agregó, “no es sólo para darle protección, porque (el segundo) está confeso como traficante de influencias, sino para llegar a este acto de traición a la patria, que sería reformar las leyes para permitir la asociación con empresas extranjeras en todo lo que tiene que ver con la explotación del petróleo”.

Por eso “es muy importante que todos los mexicanos que queremos que se mantenga el petróleo como propiedad de la nación nos reunamos el 18 de marzo, a las 5 de la tarde, en el Zócalo capitalino y reafirmemos nuestra decisión, además de conmemorar el 70 aniversario de la expropiación petrolera”.

El artículo 108 de la Constitución, resaltó, establece “con mucha claridad la responsabilidad de los funcionarios públicos que hacen negocios con su cargo, como él hizo”, y queda demostrada su actuación en una cláusula contenida en todos los convenios que firmó como transportista, y que dice así: “manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos que establece el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.

Ese artículo plantea a su vez que “las dependencias o entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta ley con las personas siguientes: uno, aquellas en que el servidor público intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación, tenga intereses personal, familiar o de negocios”. Así que él tiene que demostrar –retó– “que renunció a sus acciones en 80 empresas, incluyendo Ivancar, porque ha incurrido en una mentira del tamaño del mundo, al afirmar que, como el trámite dura muchos meses, no se pudo acreditar. ¿Con cuál notario público fue? Yo conozco a los notarios y no se tardan tanto, basta con hacer una reunión ante uno y en un día o dos se resuelve”, dijo.

En este punto, López Obrador aclaró que no está en contra del origen o la nacionalidad de Mouriño, sino “contra la riqueza mal habida, que éste es el caso. Que nadie se confunda con eso”.

–El silencio de Felipe Calderón, ¿cómo se puede interpretar?

–Sí, el presidente usurpador debería dar la cara, pues es de dominio público que son socios; él debería dar una explicación. Le recuerdo que el presidente del consejo de administración de Pemex es el secretario de Energía, y en la firma de contratos (exhibidos), ¿quién era el secretario de Energía? Calderón, y ¿quién era su asesor? Mouriño.

“De modo que él tiene que informar sobre este asunto, dar la cara sobre éste y otros temas. Porque estamos recibiendo más información, mucha gente está contribuyendo y estamos haciendo la investigación a fondo sobre la compra de gas a Repsol.” Inclusive, añadió, “queremos calcular la utilidad y la ganancia de este jugoso contrato por 15 mil millones dólares, en el cual intervino el gobierno de Perú, cuando lo encabezaba Alejandro Toledo”.

López Obrador exhibió ayer los contratos –ambos por adjudicación directa– GTT-0142-01/2001, con monto contratado entre 2 millones 750 mil y 6 millones 850 mil pesos, con vigencia de enero 2001 a diciembre del mismo año, y el GTT-0142-01/2002, por un monto mínimo de 3 millones 143 mil 851 pesos, y hasta un máximo de 7 millones 859 mil 27, a partir del primero de enero y hasta el 31 de diciembre de 2002.

También hizo referencia a la publicación de un medio de comunicación por Internet, donde se informa que el secretario de Gobernación colocó a sus amigos cercanos en áreas claves de Pemex.