■ Reticencia de algunos jueces ante la instalación de cámaras en los tribunales federales
Temen que grabar audiencias termine en una especie de Big brother judicial
El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), apuesta por una administración ligada a la transparencia informativa, pero ya encontró algunas reticencias de sus subalternos.
Por primera vez en la historia del Poder Judicial Federal y a 13 años de que se creó el CJF como órgano disciplinario y administrativo de los juzgados y tribunales federales, fue aprobada la adquisición de cámaras digitales destinadas a grabar las audiencias que se realicen a diario en cada uno de los 557 órganos jurisdiccionales habilitados en el país, para después, posiblemente, transmitir las más importantes en el Canal Judicial de televisión.
Jueces y magistrados consultados revelaron que las cámaras y computadoras de la marca Macintosh ya fueron enviadas e instaladas en todos los juzgados y tribunales federales que hay en la República.
Sin embargo, esta intentona de transparencia enfrenta desde su inicio reticencias de parte algunos juzgadores, quienes critican que el CJF ni siquiera ha emitido un acuerdo oficial sobre esta disposición.
Además, hasta el momento los equipos no han sido estrenados porque ningún funcionario judicial ha sido capacitado y tampoco se autorizó la contratación de personal especializado.
Un aspecto que causa preocupación en los juzgadores inconformes es que el CJF pueda ordenar un registro mensual de grabaciones, las cuales podrían servir para iniciar un cerco informativo sobre el desempeño jurisdiccional y mantener una vigilancia extrema sobre la labor de los jueces y magistrados, en lo que sería una especie de Big brother judicial.
Los juzgadores que criticaron la medida consideran que fue un “gasto inútil” e “inadecuado”, sobre todo si se toman en cuenta casos como los juzgados de distrito en materia penal, cuyas instalaciones, ubicadas en reclusorios o penales federales, carecen de baños suficientes para todos los funcionarios.
Otro argumento contra la grabación de las audiencias judiciales se refiere que las personas sujetas a juicio, abogados, fiscales y agentes del Ministerio Público serán quienes determinen, en conjunto o por separado, qué juicios serán grabados y retransmitidos. Esto porque los códigos de procedimientos dejan en manos de las partes involucradas en algún litigio la posibilidad de decidir si quieren que una audiencia sea pública o privada.
Además, refirieron los juzgadores inconformes, una cámara por cada tribunal o juzgado será insuficiente para grabar las diligencias que se realizan a diario.
En promedio se desahogan todos los días entre ocho y 10 audiencias en cada juzgado, algunas de las cuales, sobre todo en materia penal, llegan a prolongarse hasta cinco horas.
Por ello se necesitarían, como mínimo, cinco cámaras por cada órgano jurisdiccional, así como personal técnico que las maneje y edite las imágenes.
Aunque no se ha hecho pública la licitación, ni el costo de más de 557 cámaras digitales y computadoras Mac –la página de Internet del CJF fue consultada este fin de semana y carece de esta información–, fuentes judiciales indicaron que en promedio cada uno de los equipos de video (cámara y computadora) cuesta alrededor de 15 mil pesos.
Las críticas ya son del conocimiento de los consejeros de la Judicatura federal Elvia Rosa Díaz de León, Luis María Aguilar, Óscar Vázquez Marín, María Teresa Herrera Tello, Indalfer Infante y Jorge Moreno Collado, quienes recibieron una carta signada por un centenar de magistrados en la que explicaron los motivos de su reticencia.