■ Serán signados por los 136 legisladores y coordinadores del FAP
Presentará el PRD dos amparos si no se crea la comisión Mouriño
Ampliar la imagen Integrantes del Frente de Resistencia Civil Pacífica, durante un mitin en la fuente de Petróleos Foto: Marco Peláez
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados aseguró que si Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) se oponen a constituir una comisión especial que investigue al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se presentarán dos amparos: uno, de los 136 diputados que firmaron la solicitud, y otro de los coordinadores del Frente Amplio Progresista (FAP) que la entregaron en tribuna.
“Mouriño no tiene para dónde hacerse. Él reconoció que firmó los contratos y la cámara debe investigar su legalidad”, dijo en entrevista Juan Guerra.
La única manera de que el titular de Gobernación pudiera eludir su responsabilidad en el tráfico de influencias, dijo, es que, como prevé la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, su jefe inmediato haya estado enterado de que firmó los contratos para el transporte de combustibles con Petróleos Mexicanos (Pemex) como apoderado de la empresa Transportes Especializados Ivancar. Sin embargo, refirió, Mouriño ha acotado que su jefe inmediato en la Secretaría de Energía, el actual presidente Felipe Calderón Hinojosa, no se enteró de las transacciones y entonces, aseguró, el secretario de Gobernación sí está involucrado en tráfico de influencias.
Guerra señaló además que los contratos debieron tener el aval de la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo entonces del ex diputado Francisco Barrio Terrazas, y por lo tanto el gobierno de Vicente Fox estaba enterado de que Mouriño Terrazo era beneficiado por Petróleos Mexicanos con contratos para la empresa familiar.
El inciso XX del artículo 8 de la citada ley, abundó, establece que todo servidor público debe “abstenerse, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte”.
Respecto de la comisión especial, solicitada el martes pasado por 136 diputados que firmaron en favor, afirmó que los coordinadores del PAN, Héctor Larios Córdova, y del PRI, Emilio Gamboa Patrón, no sólo pretenden proteger a Mouriño, sino conculcar el derecho que tienen las minorías parlamentarias consagrado en el tercer párrafo del artículo 93 constitucional.
Dicho artículo señala que “las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo federal”.
El legislador perredista resaltó que tanto Larios Córdova como Gamboa Patrón pretenden pasar por encima del ordenamiento constitucional, por lo que de persistir en su negativa de constituir la comisión se interpondrán los mencionados amparos.