Editorial
Violencia contra mujeres, materia pendiente
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, establecido el 8 de marzo de 1977 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y la entrada en vigor, ayer mismo, de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, vale la pena reflexionar sobre la situación actual de ese sector social en nuestro país.
Según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en los primeros dos meses del presente año se cometieron 14 asesinatos de mujeres en el Distrito Federal, una docena más en Ciudad Juárez, Chihuahua, y nueve en el estado de México. Lamentablemente, esta circunstancia ha sido constante en los últimos años. Tan sólo en 2006, los asesinatos representaron 3 por ciento del total de las muertes de mujeres; en el mismo año, nueve entidades federativas registraron una tasa de feminicidios por encima de la nacional. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2006, más de 60 por ciento de las mujeres mayores de 15 años han padecido algún tipo de violencia, la mayoría de ellas en el ámbito doméstico.
Estas cifras indican que, más allá de los avances que se han logrado en materia de justicia y equidad de género, la violencia contra las mujeres continúa siendo un problema pendiente para las autoridades de todos los niveles de gobierno, que flagela de manera vergonzante y ominosa los entornos más fundamentales de la sociedad mexicana. Esta situación tiene como telón de fondo el lamentable estado que guardan los derechos humanos en general, la ausencia de políticas gubernamentales efectivas en materia de respeto a las garantías individuales y la actitud indolente de la presente administración ante los reclamos de diversas organizaciones especializadas en el tema y del conjunto de la sociedad civil. Al respecto, destacan los abusos cometidos contra mujeres por elementos policiales durante los actos represivos en Atenco y Oaxaca, las violaciones cometidas por elementos del Ejército en Castaños, Coahuila, y la muerte de la anciana Ernestina Ascensión Rosario en la sierra de Zongolica, presuntamente a manos de efectivos castrenses.
Sin embargo, la violencia que sufren las mujeres en el país no se expresa solamente en actos brutales y por demás condenables como los referidos, sino también a través de las distintas formas de discriminación y los actos de acoso sexual de que ellas son objeto cotidianamente en sus hogares y sus centros de estudio y trabajo. La sociedad mexicana tiene la obligación moral de erradicar esas prácticas, que lastran la convivencia y la legalidad en el país. Las autoridades, por su parte, además de generar y aplicar mecanismos legales que sancionen la violencia contra el sector femenino, tienen el deber de contribuir al desarrollo de una cultura de la equidad y a garantizar el respeto de los derechos fundamentales de hombres y mujeres por igual.
En suma, todos estos elementos confirman que el Día Internacional de la Mujer debe ser visto, más que como una celebración, como una jornada de lucha y reclamo por las injusticias cometidas en contra de ese sector fundamental para la consolidación y el desarrollo de cualquier sociedad humana.