■ Tienen “autoridad moral” para convocar a un encuentro, afirma

Cárdenas pide a UNAM, UAM e IPN que abran debate petrolero

■ Es indispensable que se dé la discusión y que ésta no se vicie, plantea

■ Rechaza contratos de riesgo para la explotación en aguas profundas

Georgina Saldierna

Cuauhtémoc Cárdenas propuso ayer que las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma Metropolitana (UAM), así como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), convoquen a un encuentro en el que, con objetividad y a profundidad, se discuta el diseño de una nueva política petrolera, “la que realmente sirva mejor al país en el presente y con proyecciones hacia el futuro”.

Destacó que esas tres instituciones tienen la autoridad moral para lanzar dicha convocatoria, con el propósito de invitar al análisis y discusión de un tema crucial para la nación.

Por otra parte, se manifestó en contra de los contratos de riesgo para explorar y explotar crudo en aguas profundas, como está proponiendo el gobierno federal, y dijo que si la comisión especial del Congreso encuentra que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, es culpable de tráfico de influencias, se le debe sancionar y hacer lo que las leyes indiquen en tal caso.

Al participar en un homenaje que rindió el IPN a su madre, Amalia Solórzano de Cárdenas, el presidente de la Fundación por la Democracia aseguró que en los distintos componentes de la sociedad se está ampliando el consenso de que es necesario adoptar una nueva política petrolera frente a las distorsiones que actualmente sufre esa industria y los perjuicios que esto ocasiona al desarrollo social y económico del país.

“Aunque parece estarse dando un debate entre privatizadores y defensores del petróleo, lo cierto es que no están claras las posiciones que unos y otros representan, y que hasta hoy, ante la opinión pública, no se han expuesto propuestas ni las precisiones del caso, lo que hace que se corra el riesgo de que esa discusión, que resulta indispensable que tenga lugar, se vicie, pierda objetividad o acabe finalmente frustrándose”, añadió.

En uno de los auditorios del centro cultural del IPN, propuso al director de la institución, José Enrique Villa, que invite a las otras dos grandes instituciones públicas de educación superior con sede en la ciudad de México, para que juntas lancen la convocatoria a un encuentro sobre la política petrolera del país.

Cuauhtémoc Cárdenas agregó que esta invitación debe estar dirigida al gobierno federal, a los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, a universidades e institutos superiores de toda la República, a centros de investigación, a organizaciones profesionales, a partidos políticos y a los petroleros, “cuya presencia es indispensable”.

La respuesta, el resultado de su llamado –siguió–, sin duda será proponer la política petrolera que requiere el país y sería esa la mayor satisfacción que Amalia Solórzano se llevara del reconocimiento que le hicieron profesionales politécnicas, y el mejor homenaje que pudiera rendirse a Lázaro Cárdenas a 70 años de la expropiación.

El director del IPN aceptó de inmediato la propuesta e informó que se comunicará con sus homólogos de la UNAM y de la UAM para, de manera conjunta, establecer en corto plazo un encuentro sobre el tema.

Antes, en entrevista, el ex candidato presidencial manifestó que independientemente de si se crea o no la comisión especial que investigue a Juan Camilo Mouriño, se puede recurrir a la Auditoría Superior de la Federación y a otras instancias de autoridad ante las cuales se pueden presentar las pruebas del caso y esperar la resolución correspondiente.

Cárdenas consideró que no debe mezclarse la denuncia contra un funcionario con la necesidad nacional de tener “una mejor política petrolera respetando nuestras normas constitucionales y buscando devolver a la industria su carácter de motor principal del crecimiento económico”.

Exclusividad en la explotación

Cuando se le pidió su opinión sobre la propuesta gubernamental de establecer alianzas para explorar y explotar petróleo en aguas profundas del Golfo de México, dijo que en ningún caso cabe caer en el esquema de los contratos de riesgo.

Destacó que éstos se encuentran prohibidos por la Constitución y ésta no debe modificarse ni en este momento ni en un “futuro percibible”. El Estado debe preservar la exclusividad para manejar la explotación de los pozos, concluyó.