Editorial
La impunidad de Uribe y la crisis de la OEA
La resolución emitida anteayer por la Organización de Estados Americanos (OEA) en torno a la violenta incursión perpetrada el primer día de este mes por efectivos colombianos contra territorio del vecino Ecuador pone de manifiesto, por si hiciera falta, la decadencia de ese organismo internacional, su inoperancia –derivada principalmente de su parcialidad hacia Estados Unidos y sus aliados– y su condición de aparato burocrático costoso, demagógico e inútil.
El documento elaborado por la entidad continental reconoce que el gobierno de Álvaro Uribe violó “la soberanía y la integridad territorial” ecuatorianas al bombardear y allanar un campamento situado al sur del río Putumayo, acción en la que fueron muertos el dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Raúl Reyes y otra veintena de guerrilleros, y que dejó, además, un saldo de varias personas heridas, una de ellas de nacionalidad mexicana. La mayor parte de los gobiernos latinoamericanos condenaron el ataque perpetrado por las fuerzas armadas colombianas contra la nación vecina. Sin embargo, la Casa de Nariño, activamente respaldada por Washington, logró, a fin de cuentas, que se omitiera de la resolución una condena específica al gobierno de Bogotá. Dicha omisión consagra la tolerancia a la impunidad como norma en las relaciones hemisféricas y abre la puerta a nuevos actos hostiles del régimen de Uribe contra cualquiera de los países limítrofes: Ecuador mismo, Venezuela, Perú, Brasil y Panamá.
En su afán por evitar “palabras duras” y “no echar leña al fuego”, expresiones empleadas por el chileno José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, para justificar la impresentable resolución, la diplomacia continental acabó por plegarse a las presiones estadunidenses y evitó, en suma, atajar la posibilidad de que el belicoso gobierno colombiano vuelva a agredir a sus vecinos. Insulza admitió, con una lógica de Perogrullo, que el conflicto entre Quito y Bogotá “no está resuelto”. No lo está, en efecto, entre otros motivos porque el primer paso para solucionarlo tendría que ser un rechazo contundente a las flagrantes infracciones de Uribe a las normas básicas de la legalidad internacional.
La manifiesta inoperancia del organismo continental, por un lado, y la agresividad del gobierno colombiano, por el otro, son factores que gravitan contra la armonía en las relaciones intracontinentales, contra los procesos de integración regional en curso y, en última instancia, contra la preservación de la paz en el subcontinente. Frente a la incapacidad del foro multilateral para actuar ante los actos hostiles de la Casa de Nariño, resultan legítimas y entendibles las decisiones adoptadas por otros países de la zona en los terrenos diplomático, político, económico y de defensa. A las rupturas diplomáticas de los gobiernos de Venezuela y Ecuador con Colombia se sumó ayer Nicaragua, país que se siente también amenazado por el belicismo uribista.
Es posible que, más temprano que tarde, la impunidad concedida por la OEA al gobierno colombiano obligue a Brasil y a Perú a seguir los pasos de Venezuela y Ecuador y a desplazar tropas a sus respectivas fronteras con Colombia. Los fracasos de la diplomacia suelen desembocar en un fortalecimiento de las opciones militares, en escaladas armamentistas y en situaciones aún peores.