■ Cuestionan su propuesta de que la ASF sea la que indague los contratos de Ivancar con Pemex

Confronta a priístas la “actitud colaboracionista” de Gamboa

■ El partido no puede convertirse en tapadera del gobierno de Calderón, señalan legisladores

■ Le piden que en la reunión del próximo martes considere apoyar la solicitud del FAP

Roberto Garduño y Enrique Méndez

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón, dio marcha atrás ayer a su compromiso inicial de que se constituyera una comisión especial que investigue al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y planteó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sea la que indague los contratos de Transportes Especializados Ivancar con Petróleos Mexicanos. Esa postura confrontó a la bancada del tricolor, pues un sector definió que el partido no puede convertirse “en tapadera” del gobierno de Felipe Calderón.

La división entre los diputados priístas fue producto de un acuerdo con el coordinador panista, Héctor Larios, postura que objetó un grupo que se opuso a la actitud colaboracionista de Gamboa y le reprochó su “cercanía con la administración federal”. En la reunión plenaria de la bancada, previa a la sesión ordinaria, Gamboa Patrón insistió en que las pruebas aportadas por el Frente Amplio Progresista (FAP) que vinculan a Mouriño con la obtención de contratos mientras fue diputado federal de Acción Nacional y asesor de Calderón en la Secretaría de Energía, no son suficientes para integrar una comisión especial.

Sin embargo, después de una amplia discusión –señalaron diputados priístas–, se acordó que durante la reunión del próximo martes en la Junta de Coordinación Política, Gamboa considere apoyar la solicitud planteada esta semana desde la tribuna por los coordinadores de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia.

El temor de que la Junta de Coordinación Política –encabezada por el panista Héctor Larios, respaldado por PRI y Partido Verde– eche abajo la conformación del grupo de legisladores que investigarán a Mouriño, dio cauce a una reacción legal del PRD. En ese contexto, Juan Guerra Ochoa anunció que el FAP elabora un recurso de amparo contra la junta por afectar “inconstitucionalmente el derecho de la minorías”.

Para el perredista, la actitud en que ha incurrido Larios, quien ha postergado “indebidamente la comisión, manifiesta la desesperación del gobierno y su partido, el PAN, que corroboran cada día que pasa la responsabilidad legal y ética de Mouriño, quien por cierto ya está tocado y en dos o tres meses deberá ser removido para darle una salida digna”.

Alejandro Chanona, coordinador de Convergencia, dijo que el PRI terminó por aceptar que la única forma de satisfacer la exigencia de la sociedad porque se aclare el probable tráfico de influencias en que habría incurrido Mouriño, será a través de la legalidad y la transparente aplicación de la ley.

“En relación con la comisión para investigar la licitud de los contratos de Pemex, sus subsidiarias y algunas empresas públicas, ayer por la noche el Frente Amplio y el PRI fuimos conviniendo cuáles serían las bases legales para que no haya, en mi opinión, disparos de salva en una materia tan importante como lo es el debate público sobre la legalidad de los contratos del actual secretario de Gobernación cuando estuvo al frente de su empresa.

“El tema es que nosotros primero mantenemos los principios de acción, no investigamos personas; no podemos aventar un yo acuso, pero sí podemos establecer las bases técnicas y sobre todo legales, para que la comisión reciba la bendición el próximo martes, no sólo de los miembros del Frente Amplio y de la bancada del PRI, sino de las ocho fracciones, para que nazca con objetivos claros.

“Después de anoche (miércoles) sentimos que vamos a acabar de observar cuáles son las bases y las pruebas que tenemos para que nazca muy focalizado, dicho de otra manera, para que no convirtamos a la comisión naciente de investigación de los contratos de Pemex, en otra comisión que eventualmente tuviera un futuro incierto y se viera obstaculizada. En ese sentido, la idea es que el martes, y no creo que deba pasar de ese día, podamos mantener el principio básico, más allá del diseño de esa instancia legislativa.”

Por su parte, Emilio Gamboa acotó su postura y se defendió ante los señalamientos de “colaboracionista”, al precisar: “Lo quiero dejar muy claro, porque parece que hay una comparsa entre el PRI y el PAN. El punto de acuerdo (para crear la comisión) dice: ‘que se cree una comisión investigadora de todos, de los contratos que ha tenido con terceros Pemex, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro’. ¿Saben qué representa eso? Que nos lleguen 55 mil cajas de documentos; no vamos a tener capacidad para investigar nada.

“Lo que le dije al Frente Amplio es: concreticen qué es lo que piden y denle sustento jurídico, porque no lo hay en lo que estaban pidiendo. No es cuestión de que si prescribió o no. Este es un asunto de ética. Aquí tenemos que ver si hubo tráfico de influencias o no, por lo que debe quedar ventilado ante la sociedad y transparentar los actos de cualquier funcionario público. El PRI, como siempre, está en favor de la transparencia.”

Por otra parte, el pleno aprobó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, para que revisen y en su caso sancionen presuntas irregularidades en Pemex Exploración y Producción zona norte. El dictamen del punto de acuerdo señala que de conformidad con el diputado proponente, Antonio del Valle, del PAN, al interior de Petróleos Mexicanos “no se actúa conforme a derecho, toda vez que se presentan irregularidades y corrupción en las licitaciones, contratos públicos y adjudicaciones de obras y servicios a la paraestatal”.