Juristas avalan la ley del bien morir

Alfredo Méndez Ortiz

La Ley de Voluntad Anticipada que permite aplicar en hospitales públicos y privados del Distrito Federal la “ortotanasia” (que a diferencia de la eutanasia no busca acabar de tajo con la vida de una persona desahuciada, sino aplicar tratamientos médicos que mitiguen el dolor pero no prolonguen su vida con tratamientos inútiles) recibió ayer el aval de importantes juristas, entre ellos, de Armando Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos de México.

Al participar en la mesa redonda Ley de Voluntad Anticipada: eutanasia, organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el abogado postulante José Elías Romero Apis; el notario público número 15 del DF, Eduardo García Villegas, así como Martínez Gómez, coincidieron en afirmar que dicha normatividad, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en enero pasado tiene aspectos positivos.

Incluso, el representante de los abogados católicos estuvo de acuerdo con el exhorto de García Villegas para que quien lo desee acuda ante un notario público a realizar un documento de voluntad anticipada, con el cual podrá designar a un tutor de su confianza que se encargue de supervisar que si el peticionario sufre alguna enfermedad mortal pueda tener derecho a la ortotanacia.

Martínez Gómez aclaró que la Iglesia católica no considera un pecado el hecho de que una persona desahuciada recurra a la ortotanasia, puesto que el propio papa Juan Pablo II se valió de ella para mitigar los dolores de la enfermedad que le causó la muerte. Lo que sí está prohibido por la ley católica, agregó, es la eutanasia.

Consideró además que la Suprema Corte debe tomar una decisión sobre las atribuciones que en materia de salud posee la Asamblea Legislativa.

Martínez Gómez refirió que a dicha legislación, que entró en vigor el 7 de enero pasado, se le deben hacer adecuaciones para evitar problemas en su aplicación