■ Condena el PRD resolución sobre Ley General de Desarrollo Social
Vergonzoso, que la Corte respalde la exclusión en políticas públicas: Boltvinik
La fracción del PRD en la Cámara de Diputados consideró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la controversia constitucional contra el reglamento de la Ley General de Desarrollo Social excluye de las políticas públicas a importantes sectores de la población.
Advierte que focaliza grupos vulnerables en detrimento de acciones universales y violenta la autonomía del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), al restarle la atribución de identificar a las personas en condición de pobreza.
Víctor Varela, representante perredista en San Lázaro, la emprendió contra la Corte al considerar que su determinación avala que el Ejecutivo federal, mediante disposiciones reglamentarias, “desnaturalice el objeto y alcance de las leyes aprobadas por el Congreso. La resolución significa un serio retroceso en la transparencia, la evaluación autónoma, la medición objetiva de la pobreza y las políticas sociales amplias”, señaló.
También refirió que en el caso de las dependencias del gobierno federal se permite la autoevaluación, con lo que las mismas deciden quién es pobre y quién no.
Julio Boltvinik, investigador de El Colegio de México, también arremetió contra la SCJN: “se puso del lado del Partido Acción Nacional y del gobierno federal. Los ministros entendieron la controversia como una contienda entre el PRD y el PAN, y dieron la razón al blanquiazul por cuestiones políticas. Uno de los argumentos terribles que dieron ayer es que no alcanza el dinero y que, por tanto, los derechos sociales se deben interpretar a la luz de la disponibilidad del recurso”.
Al derogarse de la Constitución los derechos sociales, los integrantes de la Corte –dijo Boltvinik– “pusieron un apéndice que dice: siempre y cuando alcancen los recursos”. ¡Es una vergüenza! La imagen de los ministros la salvó sólo Genaro Góngora, quien votó individualmente contra el artículo 15 del reglamento, que sanciona el modelo social único”.
A decir del investigador, la resolución judicial dictamina que todo el combate a la pobreza “se haga curativamente, nunca preventivamente, porque la seguridad social queda excluida al sancionar en la redacción del reglamento que todos los programas de desarrollo social tengan que ser dirigidos a los mexicanos en pobreza extrema y, por lo tanto, hay que quitárselos a quienes no están en dicha condición”.