■ Ministro proponía que se fiscalizara el uso de recursos públicos
Rechaza el TEPJF que la Asamblea vigile elecciones internas partidistas
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio marcha atrás a la creación de una comisión especial de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal encargada de vigilar que no se utilicen recursos públicos en los procesos internos de los partidos políticos. A pesar de que el proyecto original del magistrado Flavio Galván venía en favor de dicha comisión, el resto de los consejeros se pronunciaron en contra.
Con ello se confirió la razón al perredista Agustín Guerrero y la citada comisión deberá desaparecer, por considerarse –según explicó el magistrado Alejandro Luna Ramos– que afecta la certidumbre de los derechos político-electorales de los militantes. Según sostuvo, los miembros de la asamblea no pueden actuar en carácter de observadores electorales durante la realización de un procedimiento interno, aunque se diga que es sólo para verificar que no haya desvío de recursos.
Solo contra sus cinco compañeros –de nueva cuenta hubo ausencias en la sesión, en esta ocasión de Salvador Nava–, Galván defendió su proyecto según el cual la creación de esta comisión no suponía que un órgano legislativo interfiriese en la vida interna de un partido, en especial en la selección de candidatos. Desestimó que eso pudiera considerarse una violación a los derechos político-electorales de los militantes.
Quienes se opusieron al papel fiscalizador de la ALDF fueron Alejandro Luna Ramos, Pedro Penagos, Constancio Carrasco, Manuel González y la magistrada presidenta, María del Carmen Alanís. Cuestionaron que con la sola emisión de un acuerdo un órgano legislativo se asuma en vigilante de procesos electorales internos.
En otro orden de ideas, el TEPJF rechazó el recurso del PRD que cuestionaba la apertura total y por estados de su padrón de militantes argumentando que se trataban de datos personales y confidenciales.
Finalmente el tribunal determinó que Convergencia deberá repetir la convocatoria para elegir consejeros estatales en Baja California, Colima, Nayarit, Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora, Zacatecas, Sinaloa y Yucatán. Los magistrados dieron la razón a un grupo de militantes que objetaron las designaciones al argumentar que el número de representantes partidistas no era el suficiente para realizar el proceso.