■ Los medios abertzales, vigilados y sus periodistas torturados
Sometido al “embargo judicial”, el sector nacionalista del País Vasco
San Sebastián, 5 de marzo. Desde que el juez español Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, decidió desarrollar jurídicamente su tesis sobre ETA y su llamado “entorno”, una parte del País Vasco vive sometida al “embargo judicial”, a las idas y venidas de los juzgados y al sometimiento de las restricciones de la “libertad provisional”.
Decenas de las llamadas herriko tabernas, centros de reunión de los simpatizantes y militantes de la izquierda abertzale (nacionalistas), están controladas por un administrador judicial y –se supone– estrictamente vigiladas por los servicios de inteligencia españoles.
Pero también hay profesionales del periodismo y medios de comunicación, como el caso del cierre del periódico Egunkaria, cuyos comunicadores viven sometidos desde hace unos cinco años a la presión de haber sido señalados como miembros de ETA, lo que niegan rotundamente.
Martxelo Otamendi, ex director de Egunkaria, quien fue detenido y torturado por la policía española –según denunció reiteradamente–, explica con una frase lo que sucede en el País Vasco en estos momentos: “Hay una especie de máxima en España que dice que contra determinados vascos todo vale, desde ilegalizar partidos, cerrar medios de comunicación y hasta anular listas electorales”.
En una de las herriko tabernas del centro histórico de San Sebastián la llegada de cualquier “desconocido” provoca suspicacias, se le mira de reojo y los clientes –la mayoría jóvenes abertzales– se resisten a cualquier conversación.
En las paredes hay numerosos carteles reivindicativos sobre la “independencia de Euskal Herria (integrado por las siete provincias vascas)” y fotografías de miembros de ETA, a los que califican de “presos políticos”.
Asier T. sí accedió a hablar con este corresponsal, aunque con la advertencia de que en ningún caso apareciera su nombre por el temor de posibles represalias “del Estado español”. “Nosotros queremos la independencia de nuestro país y seguiremos luchando por este ideal aunque nos ilegalicen partidos políticos y nos prohíban reunirnos”, afirmó.
Desde que Garzón abrió el sumario 18/98, numerosas organizaciones con supuestos vínculos con ETA fueron ilegalizadas y procesados decenas de sus supuestos líderes, entre ellas las que congregaban a los más jóvenes de la izquierda separatista radical, Jarrai y Segi.
El magistrado español también ordenó el precinto y la investigación de las cuentas de las herriko tabernas, que estuvieron cerradas durante varios meses hasta que volvieron a ser abiertas bajo la condición de que todas ellas fueran sometidas a la vigilancia de un “administrador judicial”, que en principio es el responsable de evitar que las ganancias de estos pequeños locales vayan directamente a las finanzas de ETA.
En el contexto de esta estrategia de ilegalizar y procesar en 2003 al llamado “entorno” de ETA, cuando gobernaba el derechista Partido Popular de José María Aznar, el magistrado Juan del Olmo, también de la Audiencia Nacional española, cerró Egunkaria, un diario fundado dos años antes con el objetivo de fomentar la lengua vasca y que recibía subsidios del gobierno autonómico, presidido por el Partido Nacionalista Vasco.
Otamendi, quien en la actualidad dirige un nuevo diario, el Berria, de las mismas características que el clausurado Egunkaria, expone: “Nosotros no somos miembros de ETA y ahora ellos tienen que demostrar que es así para seguir en el juicio. Yo pienso que sólo hay dos maneras de ser de ETA: una, presentándote delante de ese colectivo y proponerles que quieres ser miembro y que ellos te acepten; o que ellos te ofrezcan ser miembro de esa organización. Nosotros nunca nos hemos reunido con ETA, ni hemos recibido ninguna propuesta de ETA ni nada. Así que no pueden demostrar que somos de ETA.
Añade: “Lo que pasa es que en España últimamente no hay vergüenza judicial y existe una especie de máxima que dice que todo está permitido en contra de algunos vascos; desde ilegalizar partidos, anular listas electorales o cerrar medios de comunicación”.
Los procesados por el “caso Egunkaria” llevan cinco años a la espera de juicio, si bien Otamendi reconoce que la ruptura de la tregua por parte de ETA, en marzo pasado, puede provocar “operaciones de venganza”.
“A mí me torturó la Guardia Civil y 95 por ciento de las preguntas y las torturas que me hicieron fue para obtener información sobre las entrevistas que yo había hecho con ETA en mi ejercicio profesional. No hubo casi preguntas sobre la supuesta financiación ni de la vinculación entre ETA y el periódico. Y ahora esperamos, con cierto escepticismo, que se haga justicia”, relata.