Editorial
Pemex: ¿privatización de clóset?
El pasado 17 de febrero comenzó a circular en Internet un video promocional, cuya factura fue atribuida inicialmente al gobierno federal, en el cual se justificaban las “alianzas” de Petróleos Mexicanos (Pemex) con empresas extranjeras, a fin de explotar los yacimientos de hidrocarburos que se encuentran en aguas profundas. Días más tarde, el 28 de ese mes, las autoridades negaron haber participado en la fabricación de ese material y arguyeron que había sido elaborado por una agencia de publicidad que trabaja para la paraestatal, como parte de una campaña que se hallaba aún en fase experimental. Finalmente, anteayer se empezó a difundir en televisión –en horario estelar y con la firma de Pemex– una versión terminada de ese video, de la que se eliminó la palabra “alianza”, aunque se subraya la necesidad de “aprovechar la tecnología y la experiencia de quienes ya extraen el petróleo” de grandes profundidades. En sintonía, la titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, planteó ayer a diputados panistas la necesidad de empezar a explotar los yacimientos situados en aguas profundas, con el argumento de que los recursos calculados de esos depósitos “podrían equivaler a otro Cantarell” y “podríamos estar perdiendo la oportunidad de aprovechar lo que nos corresponde”.
En los últimos meses, la administración que encabeza Felipe Calderón Hinojosa ha negado sistemáticamente que tenga lista una reforma en materia energética. El titular del Ejecutivo federal dijo incluso, durante su gira reciente por Estados Unidos, que había “tres opciones” respecto de qué hacer con Pemex: dejar la empresa como está, destinarle más recursos –que, propuso, saldrían de recortes al gasto social– o analizar lo que han hecho otras petroleras estatales en el mundo. Sin embargo, la existencia y difusión del video referido, en sus distintas versiones, ya sea que lo firme el gobierno federal o Pemex, y con o sin la palabra “alianza”, pone en evidencia que el gabinete calderonista ha tomado ya su decisión en esa materia: intercambiar con empresas extranjeras propiedad o copropiedad del subsuelo por tecnología para su explotación.
No hay razón para ceder parte o la totalidad de la propiedad de los hidrocarburos al capital foráneo, ni para hipotecar los recursos naturales del país en contratos que, en plazos no tan largos, resultan lesivos para la soberanía nacional, como ilustra la disputa judicial que la transnacional Exxon presentó contra Venezuela. La misma explotación actual de crudo aporta recursos suficientes, y hasta sobrados, para adquirir la tecnología necesaria para extraerlo de aguas profundas. La dificultad técnica esgrimida constantemente por el gobierno federal parece, pues, un mero pretexto para abrir a particulares una industria que pertenece en forma exclusiva, y por mandato constitucional, a la nación.
Sea o no cierta la consigna de que “México tiene un tesoro escondido debajo del mar”, la difusión del promocional referido deja en claro que el gobierno federal practica una indeseable política de clóset: en vez de recabar el punto de vista de la sociedad para fijar una postura, toma decisiones en lo oscuro y luego busca imponerlas a la opinión pública. Las razones de esta táctica vergonzante saltan a la vista: elaborar una iniciativa formal de reformas legales para hacer partícipe al capital privado de la riqueza petrolera del país tendría un altísimo costo político y social para el gobierno calderonista y generaría el rechazo mayoritario de la población. Adicionalmente, el episodio exhibe la criticable tendencia de los gobernantes panistas a buscar, por la vía de los espots y de su impacto en la opinión pública, lo que sería muy oneroso conseguir por medio de los caminos institucionales.
Por lo demás, las maniobras para privatizar a trasmano no beneficiarán al actual régimen; por el contrario, es de suponer que esa estrategia agravará, en general, su déficit de legitimidad de origen y, en particular, dará combustible adicional al escándalo en curso por los señalamientos en contra del actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien presuntamente se ha beneficiado de cargos pasados para obtener contratos petroleros para sí y sus familiares.
En suma, el gobierno federal debe llamar a las cosas por su nombre y admitir, de cara a la sociedad y de manera honesta, sus propósitos reales. El grupo en el poder está políticamente obligado a la transparencia; debe, por tanto, asumir sus intenciones, someterlas al debate público, arriesgarse a perderlo y buscar medios de pago de sus facturas políticas que no pasen por cesiones inaceptables en materia de soberanía y de la propiedad de los recursos naturales.