Opositores a La Parota no bajan la guardia
Este gobierno está “criminalizando la lucha social”, ya que quienes defienden la tierra, los recursos naturales o encabezan protestas sociales son perseguidos, encarcelados y tratados como criminales, denunciaron integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, en Guerrero.
En un foro realizado en Casa Lamm, señalaron que ya ganaron todas las instancias legales y no se construirá la presa. Sin embargo, dijeron que no van a bajar la guardia, porque el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, puede tomar represalias contra ellos, e inclusive el próximo 9 de marzo formarán un Frente Guerrerense contra la Represión y la Impunidad, en un acto que se llevará a cabo en la comunidad de Agua Caliente, municipio de Acapulco, donde participarán organizaciones sociales, legisladores y líderes como Rosario Ibarra.
Somos indios, pero no ignorantes
Felipe Flores, vocero de estas comunidades, señaló que en México los que defienden su tierra son tratados como enemigos del gobierno. “Quisieran que el pueblo no pensara y que nadie se opusiera al despojo. Pero la verdad es que somos indios, pero no ignorantes”, expresó.
Sostuvo que en esta lucha se logró la unión de 36 comunidades y tres ejidos contra el proyecto, porque se demostró que entre los daños más graves estaba el hecho de que Comisión Federal de Electricidad (CFE), tenía previsto desplazar a todos los habitantes de la región.
A él, en particular, le “fabricaron” delitos y hubo una orden de aprehensión en su contra, pero a otros campesinos sí se les recluyó en la cárcel, como a Rodolfo Chávez Galindo, por lo que ambos denunciaron que ahora se está “criminalizando la lucha social” y temen que el gobierno de Guerrero quiera buscar otras formas de perjudicarlos.
“Legalmente ya no puede llevarse a cabo la obra; hemos ganado todos los juicios, las supuestas asambleas donde se decía que los comuneros habían aceptado esta construcción fueron anuladas; hace 15 días el magistrado del Tribunal Unitario Agrario número 41, con sede en Acapulco, determinó que los comuneros habían ganado todos los juicios”, dijo Flores.
Chávez Galindo planteó que hay preocupación porque aun con la resolución judicial favorable existe la amenaza de que la CFE y el gobierno de Guerrero quieran realizar una expropiación directa, sin cumplir con legalidades de ningún tipo, ni consultas, y que comiencen de nuevo las asambleas amañadas bajo fuerte presión policiaca.