■ En particular buscará castigar a ex soldados que se sumen a la pandilla de Los Zetas
Propondrá Calderón intensificar penas a desertores del Ejército, según la Sedena
■ Cuestiona Galván que el Senado tenga congelada la reforma a la ley de armas de fuego
El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván, informó a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados que el presidente Felipe Calderón enviará, a través de la consejería jurídica de Los Pinos, una iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar, con objeto de fortalecer las penas a los desertores del Ejército y evitar que se sumen al crimen organizado, específicamente a la organización conocida como Los Zetas.
También anticipó que el Ejecutivo enviará otra iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM), y cuestionó que el Senado tenga congelada la minuta con la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego que se aprobó desde 2005 en la Cámara de Diputados.
Asimismo, en desayuno con diputados de dicha comisión, refirió que el gobierno federal espera recibir tecnología de Estados Unidos como parte del Plan Mérida, que permita, por ejemplo, detectar la ubicación de narcotraficantes a partir de sus teléfonos celulares.
Si bien la reunión ocurrió el miércoles de la semana pasada, ayer, en la Gaceta Parlamentaria el presidente de la comisión, el general panista Justiniano González Betancourt, publicó algunos detalles del encuentro, efectuado en el Campo Militar número uno.
En el documento se refiere que después de agradecer a la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto adicional a las fuerzas armadas, el general secretario “expresó la pertinencia de que se lleven a cabo los trabajos necesarios por el Poder Legislativo, para que se apruebe el Código de Justicia Militar (sic), que fortalece el fuero de guerra y la sanción de diversos delitos”.
Consultado al respecto, el diputado perredista Cuauhtémoc Sandoval explicó que el titular de la Sedena se refirió expresamente a un proyecto que prepara la consejería jurídica de la Presidencia, para sancionar con mayor dureza a los desertores del Ejército.
Asimismo, el informe difundido ayer señala que el secretario explicó que las operaciones del Ejército Mexicano contra el crimen organizado tienen dos vértices, de alto impacto y regional, y detalló que las fuerzas armadas desarrollan tres grandes operativos contra el narcotráfico en Michoacán, Guerrero y la Sierra Madre Occidental.
La información difundida por Justiniano Betancourt omitió la mayoría de los detalles del desayuno. Por ejemplo, al referirse a las críticas del secretario a la forma en que está detenida la minuta con la reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, la comisión afirma que el funcionario “señaló que tiene conocimiento de los trabajos legislativos que se realizan en el Senado de la República al efecto, por lo que espera que con la mayor brevedad se tengan noticias sobre el tema”.
Además, la comisión señaló que desde la creación, en enero, de la Dirección de Derechos Humanos de la Sedena se han recibido 57 quejas y que siete recomendaciones están por cumplirse, pero no ofreció más detalles. También, indica el reporte, la Sedena evalúa la integración de unidades de asesoramiento jurídico en materia de derechos humanos en el Ejército.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval refirió que al día siguiente, en la sesión ordinaria de la comisión, donde PRI y PRD lograron echar abajo el aval para que se votara en favor el dictamen de la Ley de estados de excepción, se decidió convocar al Instituto Federal Electoral (IFE) a que solicite el retiro de los mil 200 militares que resguardan las 300 juntas distritales electorales federales. Ese operativo de resguardo de las instalaciones y la papelería electoral, dijo, se inició en mayo de 2006.