¿Estado de derecho en México?
De todas las afirmaciones a la ligera que el presidente de México, Felipe Calderón, pudo haber expuesto para tranquilizar al público estadunidense durante su primera gira por Estados Unidos, escogió dos particularmente paradójicas, considerando el tratamiento brutal que su gobierno ha dado a los sindicalistas.
A los asistentes a una cena ofrecida por el Consejo de las Américas les dijo que trabaja en garantizar el pleno respeto al estado de derecho en todos los aspectos de la vida nacional. Y declaró al periódico New York Times: “Lo que afirmo es que los derechos humanos de una persona son válidos independientemente de su estatus migratorio”.
Esas dos declaraciones, juntas, sugieren que respeta los derechos humanos y venera el estado de derecho. Eso, sin embargo, no deriva de su contención del trato cruel e ilegal que se da a los sindicalistas en México.
Si Felipe Calderón respeta los derechos humanos y el estado de derecho, debe resolver de inmediato los asuntos pendientes con Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del SNTMMSRM, a quien mediante amenazas contra su vida se obliga a residir en el exilio aunque ha sido exculpado de todos los cargos que se le fabricaron, y quien con justicia pide una investigación apropiada de los asesinatos y torturas perpetrados por agentes del gobierno y guardias de la empresa contra huelguistas de su sindicato.
United Steelworkers no está solo, ni mucho menos, al calificar de criminal el trato que el gobierno mexicano da al SNTMMSRM, primero durante la administración del ex presidente Vicente Fox y, desde diciembre de 2006, en la de Felipe Calderón.
He aquí, por ejemplo, lo que Marcello Malentacchi, secretario general de la Federación Internacional de Trabajadores del Acero, expresó acerca de la negativa del gobierno a devolver el fideicomiso de 55 millones de dólares del sindicato: “Cada día que las cuentas del sindicato permanecen ilegalmente congeladas es un incidente de interferencia gubernamental en asuntos sindicales: una violación diaria al derecho mexicano y a las convenciones internacionales”.
Comencemos por el principio para quienes no están familiarizados con este asunto. Sin duda, fue el charrazo. En enero de 2006, un ex miembro caído en desgracia del sindicato, Elías Morales Hernández, acusó a Gómez Urrutia de uso fraudulento del fideicomiso de 55 millones. Morales fue expulsado del sindicato en 2000, acusado de traición y corrupción por aceptar sobornos del Grupo México para que la empresa no tuviese que pagar dinero que debía al gremio.
Pese al dudoso nivel de confiabilidad de Morales, en febrero el gobierno mexicano congeló el fondo y todas las demás cuentas del sindicato y las cuentas familiares de Gómez Urrutia, aunque no existe fundamento para tal acción en las leyes mexicanas. Luego destituyó a Gómez Urrutia como secretario general del SNTMMSRM y designó en ese puesto al ex sindicalista expulsado, acción que tampoco está fundamentada en el derecho del país.
Pocos días después, el 19 de febrero de 2006, ocurrió una explosión de gas metano en la mina Pasta de Conchos, propiedad del Grupo México, en la que perecieron 65 mineros. Gómez Urrutia condenó a la empresa por no corregir violaciones de salud y seguridad, y por cometer “homicidio industrial”.
De inmediato, Gómez Urrutia y otros dirigentes del sindicato comenzaron a recibir amenazas de muerte. El gobierno anunció que investigaba al dirigente por “malos manejos” del fideicomiso. Por último, temiendo por su vida y la de su esposa e hijos, Gómez Urrutia salió del país, con ayuda de United Steelworkers.
Después de su partida, miembros del sindicato lanzaron paros por todo el país, en los que participaron 270 mil mineros y trabajadores del acero de 70 compa-ñías. En abril, el sindicato se puso en huelga en la planta de acero Sicartsa, de Lázaro Cárdenas, Michoacán, propiedad del Grupo Villacero. Ese movimiento formó parte de una huelga nacional en protesta por la imposición de Morales contra la voluntad de los sindicalistas. El gobierno envió unos 900 efectivos fuertemente armados para romper la huelga, los cuales abrieron fuego contra los huelguistas, que sólo contaban con piedras y resorteras. Los agentes gubernamentales dieron muerte a dos sindicalistas y causaron heridas graves a 50. En total, más de 150 personas resultaron lesionadas, pero no se presentaron cargos contra nadie por los delitos cometidos en ese incidente.
En agosto pasado, unos 90 trabajadores de la mina de cobre La Caridad, que habían recibido una orden judicial para que el Grupo México los reinstalara en su trabajo, se dirigían a las minas de Nacozari, Sonora, para demandar el cumplimiento del mandato cuando fueron acosados por hombres armados que viajaban en varios autobuses. Los agresores emboscaron a los obreros, mataron a uno a tiros, obligaron a 20 a subir a los autobuses, propiedad de la empresa, y los llevaron a una cárcel local, donde fueron detenidos y torturados. Una vez más, nadie ha sido sujeto a cargos por ese incidente.
Entre tanto, el 13 de junio de 2007, un tribunal federal resolvió que Gómez Urrutia no cometió delito alguno. Y en septiembre de ese año, una auditoría independiente del fideicomiso de 55 millones confirmó que el dinero está allí, debidamente contabilizado. Con ello se exculpó a Gómez de todos los cargos fabricados de robo y malversación de fondos. El FMI comisionó esta investigación a Horwath Berney Audit SA, de Ginebra, Suiza.
Aun así, Gómez Urrutia no puede regresar a su país porque las amenazas continúan y porque todavía existen cargos en su contra en Sonora y San Luis Potosí. La situación en Sonora es particularmente indignante porque el gobernador de ese estado es Eduardo Bours, socio del Grupo México, el cual tiene un obvio interés en mantener al líder sindical fuera del país.
Así pues, presidente Calderón, cuéntenos sobre derechos humanos. Háblenos del estado de derecho. ¿Cree que todas las personas tienen derechos humanos, incluso los miembros de los sindicatos? ¿Cree que el estado de derecho se aplica incluso a las gigantescas corporaciones trasnacionales?
Si es así, haga que se retiren los cargos contra Gómez Urrutia en Sonora y San Luis Potosí. Bríndele seguridad adecuada y garantice que se le reinstale de inmediato en el lugar que le corresponde como secretario general del SNTMMSRM. Y ponga fin a la persecución ilegal de los sindicatos en México.
* Presidente internacional de United Steelworkers
Traducción: Jorge Anaya