Dos goles en favor de la transparencia sindical
Cualquier paso en favor de la transparencia en el mundo sindical constituye un avance para su democratización, y requisito necesario para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de la mayor parte de la población. Uno de los pilares fundamentales del charrismo y de la corrupción que nos agobia deviene de la discrecionalidad con la que muchos líderes manejan los recursos de los trabajadores y de los patrones a quienes sirven para mantener su control. La batalla en favor de la transparencia sindical no ha sido fácil, se avanza y en ocasiones se retrocede, porque son muchos los intereses creados y grande el temor a trastocar el poder de las pandillas que manejan el sindicalismo mexicano, personajes siniestros cuya sobrevivencia depende en buena medida de la complicidad estatal y empresarial.
En el ámbito del Distrito Federal, es de celebrarse la aprobación, el pasado 26 de febrero, de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con tan sólo seis votos en contra encabezados precisamente por Fernando Espino Arévalo, presidente de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa y quien se hace denominar líder moral del sindicato del Metro; es difícil olvidar que llegó al poder hace muchos años por la vía de un golpe concertado con las autoridades del entonces Departamento del Distrito Federal, con un gigantesco costo de trabajadores despedidos, hasta que suprimió toda disidencia.
El artículo 30 del nuevo texto señala expresamente: “Toda persona moral, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos o cualquier otra análoga que reciba recursos públicos por cualquier concepto, exceptuando las cuotas sindicales, deberá proporcionar a los entes públicos de los que los reciban la información relativa al uso, destino y actividades que realicen con tales recursos”. Conforme ésta, sindicatos como el del Gobierno del Distrito Federal, del Metro, organismos descentralizados y otros órganos, se verán obligados a efectuar una rendición de cuentas inexistente en el pasado. El proceso no se limita a la obligación frente al ente público que le entregó los recursos, pues también la establece frente a cualquier solicitante, según lo señalan, entre otros, los artículos 13 y 14 de la citada ley. Esta nueva regulación pone a la vanguardia en materia de información gremial, al menos en este ámbito, a la ciudad de México, y deja un precedente valioso para que sea reproducido en el ámbito federal. Ya existe una iniciativa para que se faculte a distintos órganos a comprobar el destino de recursos federales entregados a los sindicatos. Es fácil imaginar el nerviosismo de ciertos líderes sindicales, que buscarán a toda costa impedir esta elemental rendición de cuentas; alegan ya, una violación a su autonomía, y llegan a esgrimir en su defensa la vigencia del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Obviamente, sus argumentos son absurdos, ninguna autonomía justifica que se le niegue información a la población sobre los recursos que aporta al gasto público. No se obliga a los sindicatos a destinar los recursos a renglones específicos, simplemente a informar cuáles son las actividades que realizan con los mismos. La responsabilidad podrá derivarse cuando exista un desvío evidente. Ninguna autonomía puede alegarse como aliada de la impunidad.
Un segundo avance a celebrar fue la resolución dictada por unanimidad por el pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (Infodf), el pasado 19 de febrero, en el expediente RR.572/2007. Se trata de la primera en el ámbito local, que obliga a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) del Distrito Federal a hacer entrega de copias de un contrato colectivo de trabajo (CCT), en este caso, el depositado por parte de la empresa Famsa Metropolitana, SA de CV. Esta autoridad, con motivo de la solicitud de Roberto Carlos Ruiz Rodríguez, le negó copias del contenido de ese pacto, alegando que era de acceso restringido por encontrarse en procedimiento administrativo, penosamente los mismos argumentos que años atrás utilizaron la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para negar información, y que a partir de varias resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI) la autoridad laboral se vio obligada a entregar la documentación a cualquier solicitante.
El Infodf, después de un amplio y fundado análisis jurídico, llegó a la conclusión de que el depósito de un contrato colectivo de trabajo no puede entenderse como procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por lo que revocó la negativa del tribunal local de trabajo y ordenó la entrega de la información solicitada. Fue una pena que la JLCA no hubiese analizado los antecedentes en esta materia antes de formular su rechazo, sobre todo porque había sido pionera en poner a disposición en Internet información resumida sobre los CCT, y precisamente con base en esta práctica se ha podido fundar buena parte de la campaña nacional e internacional contra los contratos colectivos de protección, que por cierto esta semana celebró un seminario público más, ahora en la Cámara de Diputados.
Los avances en materia de transparencia laboral siguen sin reflejarse en el ámbito de los estados de la República. A pesar de la reforma constitucional al artículo sexto, sus tribunales de trabajo y áreas encargadas del registro de asociaciones continúan resistentes a toda transparencia. Por lo visto, gobernadores y gobernadoras no han intentado ponerse a tono en este renglón fundamental para la vida democrática del país. Convendría un seguimiento y calificación ciudadana en esta materia. En tanto, celebremos estos dos rounds en favor de la democracia sindical.