■ Debe dejar el cargo mientras se le investiga por tráfico de influencias y otros delitos, afirman

Mouriño, insostenible en la SG, plantean legisladores perredistas

■ El funcionario incurrió además en peculado y uso indebido de facultades, según Monreal

■ González Garza desecha que se vaya a recurrir a la SFP; el FAP estudia acciones legales

Andrea Becerril y Fabiola Martínez

El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, debe retirarse del cargo mientras se lleva a cabo la investigación sobre su presunta responsabilidad en tráfico de influencias y otros delitos relacionados con la obtención de contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando ya era servidor público, demandaron diputados y senadores del PRD.

El coordinador de los diputados, Javier González Garza, y el vicecoordinador de los senadores perredistas, Ricardo Monreal, coincidieron, en entrevistas por separado, en que la separación del cargo es fundamental para que no haya presiones desde el poder que entorpezcan o frenen las investigaciones.

Monreal precisó que el Frente Amplio Progresista (FAP) definirá el próximo lunes las acciones judiciales que emprenderá contra Mouriño, toda vez que la documentación presentada por Andrés Manuel López Obrador prueba que el ahora responsable de la política interior del país obtuvo contratos de Pemex por más de cien millones de pesos para las empresas de su familia.

Los contratos le fueron adjudicados, precisó, entre diciembre de 2000 y junio de 2006, cuando ocupó cargos públicos, por lo que incurrió en por lo menos cinco delitos, entre ellos tráfico de influencias, peculado, uso indebido de facultades y atribuciones, y colusión de servidores públicos.

Por separado, el diputado González Garza dijo que no es posible que “una persona ligada familiarmente, y que firma como responsable de unas empresas contratistas de Pemex, pueda permanecer en su puesto”.

Sobre la afirmación del funcionario de que renunció a la participación accionaria en las empresas de su familia, manifestó que “el problema es que no lo hizo a tiempo”.

En los documentos que López Obrador entregó el domingo pasado “hay firmas específicas” de Mouriño que demuestran que incurrió en tráfico de influencias, “por lo menos”.

Respecto de las acciones que tomarán en la Cámara de Diputados y el Senado, González Garza consideró que “sería ocioso” llevar el caso a la Secretaría de la Función Pública, porque no habría imparcialidad en la investigación. Insistió en que el secretario de Gobernación debe renunciar.

En el mismo sentido se pronunció el diputado Alejandro Sánchez Camacho, coordinador de asuntos económicos de la fracción perredista en San Lázaro.

Subrayó que la separación es fundamental para no entorpecer las investigaciones respecto de los contratos que negoció con Pemex cuando se desempeñaba como coordinador de asesores de Felipe Calderón, entonces secretario de Energía.

El diputado Sánchez Camacho informó que en los próximos días presentarán ante la Procuraduría General de la República una denuncia contra Mouriño por tráfico de influencias, con base en el artículo 221 del Código Penal Federal.

“No podemos aceptar que un integrante del gabinete federal aparezca como uno de los principales impulsores de la reforma energética y tenga esta sospecha de tráfico de influencias”, señaló durante la mesa de discusión Estado e industria del petróleo en México, organizada por el PRD.

Por su parte, Monreal deploró que haya “una intención política y mediática de sobredimensionar los errores del PRD para ocultar los actos ilícitos de Mouriño”, ya que lo verdaderamente escandaloso no es el incidente durante la concentración del domingo pasado afuera de la torre de Pemex, ni la aparición de René Bejarano en las campañas perredistas, sino el tráfico de influencias del secretario de Gobernación y los abusos en que incurrió para obtener beneficios económicos. De ahí que, insistió, debe retirarse del cargo.