Usted está aquí: viernes 29 de febrero de 2008 Sociedad y Justicia “Por buen camino”, reforma a pensiones y jubilaciones de universidades estatales

Aumentarán a 65 edad mínima de retiro y de 25 a 35 los años laborados: ANUIES

“Por buen camino”, reforma a pensiones y jubilaciones de universidades estatales

El “programa de rescate”, ante el riesgo de quiebra financiera de las instituciones, señala

Laura Poy Solano (Enviada)

Cualiacán, Sin., 28 de febrero. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) aseguró que la reforma a los sistemas de pensiones y jubilaciones de universidades públicas estatales, consideradas focos rojos por el riesgo de quiebra financiera que afrontan, va por “buen camino”, luego de iniciar procesos de cambio a leyes orgánicas y estatutos que permitan incrementar la edad mínima para acceder al retiro a 65 años en promedio, así como el número de años laborados, de 25 a 35.

Rafael López Castañares, secretario general de dicho organismo, afirmó que desde la administración federal ha quedado “muy definido el proyecto que se tiene en la forma de rescatar las instituciones e ir reformando lo que ya se hizo en los contratos colectivos de trabajo de varias instituciones, lo que ha permitido ahorrar muchos recursos al gobierno federal, aunque no ha sido suficiente para atender una demanda que se engloba en un problema nacional”.

En entrevista, luego de participar en la entrega del grado de doctor honoris causa a Enrique Villa Rivera, director general del Instituto Politécnico Nacional, otorgado por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), reconoció que la asignación de recursos federales para subsanar las demandas presupuestales del sistema de pensiones en algunas universidades estatales “no es suficiente, pero marca una voluntad política importante para ir transformando la problemática dentro de las instituciones, mediante las modificaciones de sus estatutos y legislaciones”.

Aseguró que la ANUIES está en una etapa de “análisis” de la situación, a fin de colaborar con la Secretaría de Educación Pública y el Congreso de la Unión para que “valoremos la propuesta de solución en cada caso y, obviamente, buscar alternativas para que en el futuro no se vuelva a caer en los problemas que se tienen actualmente”.

López Castañares señaló que algunas universidades estatales, como las de Sinaloa, Querétaro, Morelos y Guerrero, son consideradas focos rojos debido a la presión financiera que les impone su sistema de pensiones y jubilaciones, aunque reconoció que, en general, las instituciones públicas de educación superior, “unas más y otras menos, tienen un problema significativo que hay que atender de forma gradual”.

Agregó que con el gobierno federal y la ANUIES, “mediante el apoyo de los sindicatos y las instituciones educativas”, se está buscando la manera de salir adelante en una problemática que no es de las presentes administraciones, sino que tiene muchos años, “y ahora toca a mucha gente ir subsanando de la mejor manera posible este reto”.

En tanto, Héctor Melesio Cuen, rector de la UAS, aseguró que con una matrícula de 106 mil alumnos de bachillerato y licenciatura, 3 mil docentes de tiempo completo y cerca de 3 mil 700 trabajadores administrativos, por cada peso de inversión pública “30 centavos se destinan sólo al pago de pensiones y jubilaciones, situación que propicia un desequilibrio financiero insostenible”; reconoció que esta institución acumula un pasivo económico histórico de 24 mil millones pesos por el cubrimiento de pensiones y prestaciones.

Por ello, se pronunció en favor de una reforma nacional de dicho sistema, que resuelva “de fondo una problemática que venimos arrastrando desde hace muchos años, pues nos ha quedado claro que en las universidades públicas no podemos sobreponer la política al tema académico”.

Presupuesto multianual

López Castañares informó que antes de concluir 2008 se tendrá lista una propuesta para aplicar un presupuesto multianual en educación superior, elaborado por la ANUIES, el cual será entregado a la SEP y al Congreso de la Unión para su discusión, por lo que confió en que los gobiernos estatales y federales “hagan válido su compromiso por la educación”.

 
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