Existe desvío de pagos por servicios de escoltas para particulares, aseguran panistas
Indagan corruptelas en la SSP de Sinaloa
Culiacán, Sin., 26 de febrero. La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo de Sinaloa emprendió una investigación sobre presuntas irregularidades en cobros y expedición de cheques en la Dirección de Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, denunciadas por diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN).
Los legisladores del blanquiazul entregaron a la titular de la SSP, Josefina García Ruiz –quien este lunes compareció ante el Congreso local–, un expediente sobre supuestas anomalías en el manejo de recursos de la Dirección de Servicios de Protección, área responsable de proteger con escoltas a particulares.
Según la denuncia, algunos cobros por estos servicios se hacían en efectivo y algunos cheques estaban a nombre del director, Javier Villarreal, quien además expedía recibos apócrifos a empresarios que pagaban servicios de seguridad.
Miguel Ángel García Granados, secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, afirmó que si se detecta que hubo malos manejos de recursos públicos, los funcionarios involucrados serán separados de sus cargos, al menos temporalmente, mientras se hacen las investigaciones.
“En la más reciente auditoría a esta dependencia, en 2005, se encontraron irregularidades como las que (este lunes) se plantearon en la comparecencia de la titular de la SSP, Josefina García: la emisión de cheques a nombre del director (de Servicios de Protección, Javier Villarreal), en lugar de que pasaran por el área de Recaudación de Rentas del gobierno del estado”, sostuvo.
Según los informes de la Secretaría de la Contraloría, al parecer documentados por los legisladores del blanquiazul durante la comparecencia de García Ruiz ante la 59 Legislatura, se detectaron cheques expedidos por la Dirección de Servicios de Protección a nombre de Conrado Valdovinos, quien hasta hace dos meses era director de la Policía Estatal Preventiva.
La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo advirtió que no será “tapadera” de nadie, abrió una investigación y prometió que entregará resultados a más tardar en 15 días.